Un grupo de generales en condición de retiro reiteraron este martes que las detenciones de militares acusados de la muerte de seis jesuitas y dos de sus colaboradores en noviembre de 1989 es ilegítima y de igual manera sería su extradición a España.
Cuestionaron la ambigüedad con la que ha actuado la Corte Suprema, al dejar a libre decisión de la Policía Nacional Civil, la detención de los militares reclamados por el juez español, Eloy Velásco.
Los generales afirmaron que cuando se dieron los acontecimientos contra los jesuitas, no existía el tratado de extradición entre El Salvador y España, sino hasta 1997, seis años después.
Generales en condición de retiro piden a la @SalaCnalSV que resuelva los hábeas corpus a favor de los 17 militares. pic.twitter.com/Q1urpab3ns
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) February 9, 2016
“Cuando suceden los hechos, El Salvador y la Constitución prohibía la extradición de salvadoreños a España”, manifestó el general Jaime Guzmán. Sostuvieron que el caso ha sido sometido a una serie de análisis por más de diez años. “Ya es tiempo de parar esta autodestrucción que nos están haciendo. No podemos entregar la soberanía a España”, sentenció el general Guzmán.
Argumentaron que el 6 de octubre de 2011, la Corte resolvió “declárese que éste es el único tribunal competente para conocer y resolver sobre las extradiciones de salvadoreños”. Asimismo, estableció directrices operativas a la Policía Nacional Civil respecto a este caso, “declárase que PNC no está facultada para capturar con fines de extradición sin orden judicial y ningún juez de la República, puede decretar detención preventiva con fines de extradición sin la delegación expresa de esta Corte”. Por si no fuera suficiente, en resolución de mayo de 2013, la Corte advierte: “este tribunal concluye que existe imposibilidad jurídica de rango constitucional para conceder la solicitud de extradición del juez de Madrid, España”, referente a los militares acusados de la muerte de los jesuitas.
Con estas resoluciones, los generales demandaron de la Sala de lo Constitucional resuelva con la mayor prontitud y dicte resolución en cuanto a la detención de cuatro militares, incluyendo un general, y de la vigencia de la orden de captura para 13 oficiales más.
“Lo que procede ahora es que la Sala de lo Constitucional y la Corte Plena ratifique las resoluciones anteriores”, subrayó el general Humberto Corado.
Entre tanto, el procurador para la Defensa para los Derechos Humanos, David Morales dijo que en la sentencia de año 2000, la Sala de lo Constitucional, estableció que la Ley de Amnistía de 1993, no es aplicable a casos graves de violaciones de los derechos humanos y para los casos ocurridos durante la administración del presidente Alfredo Cristiani.
El presidente del COENA, Jorge Velado, rechazó las capturas y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que frene la extradición a través de los hábeas corpus interpuestos por los familiares de los militares.
“Si queremos solucionar los verdaderos problemas del país tenemos que construir acuerdos y estos pasan por dejar atrás la persecución política. Ojalá que el presidente Sánchez Cerén recuerde que el es de los beneficiados de la amnistía y que el caso de los jesuitas asesinatos no puede ser juzgado dos veces”, agregó el dirigente de oposición.
El director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, afirmó que este tema implica una revision de distintas normativas, resoluciones, tratados, normas constitucionales derogadas, otras que fueron modificadas.
“Lo que esperamos antes de este análisis jurídico que haremos, es que confiamos en la labor que realizara la CSJ y creemos que es importante que se tenga presente, cuidar el espíritu de los Acuerdos de Paz que implicaba una reconciliación con el pasado”.
Fusades pidió a las autoridades que en este momento haya coherencia y cordura para tratar un tema sumamente delicado.
El general en retiro Otto Romero, aseguró: “La amnistía no es antojadiza”, y señaló que aplica para ambos, Fuerza Armada y exguerrilla.
Desde el informe de la Comisión de la Verdad se inclinaron contra la institución armada al atribuirle el 85 por ciento de los hechos, afirmaron.
Por su parte, Humberto Corado, exministro de Defensa, manifestó que El Salvador es soberano, y otro país no puede entrometerse en los asuntos internos del país. También manifesto que “parece que ni la Policía ni la CSJ sabe qué hacer con la orden de capturas a militares”.
ARENA contra capturas de exmilitares
Por su parte, Jorge Velado, presidente del COENA, dijo en conferencia de prensa que el instituto político rechaza la captura de los militares.
ARENA pide al Gobierno que respete los Acuerdos de Paz.
“Queremos que este caso (militares) se dé por concluido, hay síntomas de persecución política”, aseguró Velado.
Pdte COENA @JorgeEVelado ”Manifestamos total rechazo de allanar casa privada de militares retirados con propótsito persecución política”
— Fraccion Legislativa (@ARENAfraccion) February 9, 2016