La Policía española se mostró firme de no capturar a 19 excargos franquistas (personas que ocuparon puestos durante el gobierno español de Francisco Franco), que son reclamados desde Argentina por los delitos de lesa humanidad y torturas.
Aunque la orden de captura fue girada por la Interpol en noviembre, las autoridades solo las trasladaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Entre los reclamados están los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa. La orden de detención y extradición fue interpuesta por la jueza argentina María Servini de Cubría, el 30 de octubre del año pasado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, expresó en su momento la negación de entregar a los 19 imputados porque los delitos por los cuales han sido señalados por De Cubría, están prescritos en España y por la Ley de Amnistía de 1977 de ese país.
Catalá dijo que de la misma forma se procedió en septiembre de 2013, cuando la jueza argentina también reclamó la detención y extradición del expolicía José Antonio González Pacheco, y el ex guardia civil Jesús Muñecas, señalados por delitos de lesa humanidad.
Agregó que ellos no fueron detenidos, solo trasladados a la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz determinó retirarles el pasaporte hasta que se resolvió no proceder a la extradición porque consideró prescritos los delitos de los cuales se les imputaba.
Carlos Slepoy, abogado de los querellantes, aseveró que según la ley de Extradición Pasiva de ese país, de 1985, establece que una vez se reciban las órdenes de captura se debe proceder y poner a los reclamados ante la disposición del juzgado de guardia, en un plazo no superior a 24 horas.
Sostuvo que las leyes de amnistía no aplican a delitos de lesa humanidad y que la ONU ya le ha reprochado a España.