Cientos de organizaciones pro migrantes han solicitado a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, particularmente al de El Salvador, que soliciten una ampliación de los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de estos países que ingresaron a Estados Unidos desde 2010.
Esta solicitud fue hecha a raíz de la oleada de deportaciones de inmigrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños a inicio de este año.
De acuerdo a Jorge Méndez, uno de los líderes de la organización pro migrantes, CASA, “la propuesta nuestra es que el gobierno salvadoreño pida un TPS para quienes están en peligro de deportación y que ingresaron a EE. UU. desde el 14 de mayo de 2014 hasta la fecha y no han logrado su estatus migratorio legal a través de una Corte migratoria”.
Añade que el plan incluye también a personas que migraron desde 2010 y cuyo estatus permanece irregular.
Méndez aclara que, pese a contar con el respaldo de más de 450 organizaciones a lo largo de Estados Unidos y el apoyo de más de un centenar de congresistas y senadores estadounidenses, un nuevo TPS requeriría la petición formal del gobierno salvadoreño.
Es por ello que el 21 de enero, a través del embajador de El Salvador en Estados Unidos, Roberto Altschul, le enviaron una petición formal al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, para que el Gobierno solicite formalmente esta protección migratoria.
Según Méndez, con el apoyo de prominentes congresistas y senadores, el panorama político en EE. UU. es esperanzador para la viabilidad de estas propuestas, pero no han recibido ninguna respuesta a esta solicitud desde el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
El Diario de Hoy intentó contactar al ministro de Relaciones Exteriores para conocer el seguimiento de esta petición, pero tampoco obtuvo respuesta.
Una de las principales preocupaciones que CASA y otras organizaciones han manifestado es que la mayoría de personas que emigraron desde 2014 lo hicieron huyendo de la situación de violencia en El Salvador.
Debido a estas condiciones institucionales, políticas y sociales, estas organizaciones consideran que el gobierno podría solicitar un TPS de tipo humanitario, como ya fue otorgado tras el huracán Mitch en 1998 o después de los terremotos de 2001.