Dafne Sánchez es la magistrada presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Fue juramentada en su cargo en septiembre del año pasado.
Sánchez llegó a una instancia que ha sido conocida por la mora judicial que arrastra desde hace años. Sin embargo, a pocos meses de liderar la Sala ya habla de reestructuraciones y avances dentro de la misma.
¿Cómo encontró la Sala de lo Contencioso Administrativo?
Realmente, como era normal, cuando asumimos el cargo los tres nuevos magistrados que nos integramos a la Sala (Paula Velásquez y Sergio Luis Rivera) quisimos primero tener la certeza de la cantidad de juicios que se estaban tramitando, cómo estaba distribuido el personal, e incluso, hacer una autoría completa para ver cómo estaba la situación de los bienes.
Encontramos un poco más de 2,300 juicios y comenzamos a tomar criterios, en primer lugar, con el personal. El personal se dividió en dos grupos, que era una idea que ya estaba madurando la Sala anterior. Tenemos dos grupos de colaboradores: uno que se dedica a la tramitación de procesos, desde la admisión de la demanda y continuación del proceso, y otro grupo que se dedica a preparar proyectos de sentencias. También tomamos la decisión de ir dando lineamientos de trabajo, puesto que era una reestructuración de personal.
Por otra parte, había que tomar qué criterios adoptar para dar prioridad a la tramitación de los expedientes.
Existían otros procesos en los que el objeto de la demanda era prácticamente igual al de otros, y como era lógico, comenzar a sacarse esos expedientes que se tenían, en lo que se discutía una situación similar a los que ya nos habíamos puesto de acuerdo.
Se dio la indicación de comenzar a revisar las demandas que estaban presentadas y en las que se vio la urgencia de adoptar una medida cautelar fueron las primeras que se admitieron, y luego por antigüedad.
Otro criterio que adoptamos fue clasificar los expedientes según autoridad demanda. En aquellos casos de trascendencia nacional, que trascienden al interés público, se dio instrucciones de que los vayan analizando.
La Sala de lo Contencioso ha sido señalada en varias ocasiones porque algunos dicen que aquellos que tienen “cuello con los magistrados” de dicha instancia pueden frenar los procesos. ¿Qué piensa de esa práctica y qué están haciendo los magistrados desde la Sala para contrarrestarla?
Desde que nosotros hemos asumido, es con lo que yo puedo dar fe, los cuatro magistrados estamos en la disposición de administrar justicia de manera totalmente imparcial y hacer los esfuerzos que sean necesarios y posibles para todos los procesos de los que estamos conociendo sigan su trámite y lleguen a su resolución, y las únicas excepciones que hemos adoptado, son en las que sí existe una justificación para dar prioridad a esos procesos. Hemos dado instrucciones en el sentido, que por ejemplo, cuando se solicite información, la dé una persona determinada y procuramos seguir los criterios que hemos definido para conocimiento de los procesos. De tal manera que no hayan procesos que avancen más que otros sin ninguna razón justificada, ni otros que injustificadamente se queden atrás, estamos pendientes. Con el secretario tenemos reuniones para ir viendo realmente cómo va caminando el trabajo y nos damos cuenta que el trabajo camina parejo.
En el momento que usted tiene de estar en la Sala de lo Contencioso, ¿cuántos casos han resuelto?
Cerrados de octubre a diciembre tenemos 297 casos cerrados, estos con resoluciones, ya sea con sentencias o con resoluciones que ponen fin al proceso.
¿Qué tipos de recursos son los que más llegan a la Sala?
Hay instituciones que han sido las más demandadas, entre esas el Ministerio de Hacienda y las municipalidades.
Respecto a temas que abarcan a funcionarios público, ¿se ha visto una polarización en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
Se ha visto la firme convicción de todos los magistrados de conocer todos los temas que nos competen, y entre esos está precisamente el tema de Probidad. Eso es muy importante porque todos tenemos la voluntad de dar cumplimiento a la institución y a la ley. Es normal que en cuestiones procedimentales, en aspectos puntuales, surjan diversas opiniones, somos un órgano colegiado de 15 magistrados, pero hasta esta fecha se ha logrado llegar a acuerdos, en ocasiones después de discusiones considerables, pero se ha mostrado la voluntad de todos de conocer los casos que se tienen que conocer y de adoptar las decisiones que conforme a la ley y a la Constitución corresponden.