Antonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.
Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.
La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.
La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.
Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.
Probidad detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.
Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.
En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.
Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.
Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.
“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.
Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.
“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.
Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.
También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.
Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).
Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.
También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.
La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.