Varias familias que habitan en el caserío Sihuatenango, del cantón San Isidro, en Panchimalco, han sido obligadas por pandilleros a abandonar sus viviendas.
Desde el sábado pasado, tras el asesinato de dos jóvenes de la zona, los delincuentes le ordenaron a los lugareños que se marcharan, o de lo contrario, también los matarían.
El temor obligó a algunas familias a reunir sus pocas pertenencias y dejaron abandonadas sus casas y animales.
Quienes se han quedado dicen que no se han marchado porque no tienen a dónde ir.
Por temor a que los delincuentes cumplan sus amenazas, los padres de familia no están enviando a sus hijos a la escuela y ante la falta de alumnos, la institución ha suspendido las clases.
Para llegar hasta el caserío Sihuatenango, centenares de personas deben caminar largas distancias y atravesar veredas desoladas.
Todas las viviendas están construidas con adobe y láminas. La mayoría de habitantes son de escasos recursos económicos y subsisten de la crianza de animales de corral, así como de cultivar frutas y hortalizas.
La Policía y miembros de la Fuerza Armada (usando vehículos tipo Humvee)han estado patrullando la zona, desde que fueron alertados sobre las intimidaciones hechas por los pandilleros, pero eso no ha dado tranquilidad a la gente.
La zona rural de Panchimalco se ha caracterizado por ser escenario de constantes enfrentamientos entre las pandillas y las autoridades.
Los cerros y cuevas que hay en los cantones (que colindan con los municipios de Santo Tomás y Olocuilta) sirven de guarida para los delincuentes.
En más de una ocasión, los lugareños han sido testigos de las fechorías que cometen las maras y eso ha desatado amenazas y homicidios.
Además, en algunos casos, la economía de los lugareños se ha visto afectada porque los delincuentes hasta les han llegado a ordenar que dejen de cultivar el maíz y el frijol con los que sobreviven.
Estas situaciones han obligado a decenas de familias a abandonar las viviendas en las que habitaron por varias décadas y que habían edificado con mucho sacrificio.
El año pasado, un informe del Consejo Noruego para los Refugiados reveló que la violencia de las pandillas y los cárteles de la droga que operan en El Salvador, han forzado a 289 mil personas a huir de sus hogares.