Los diputados aprobaron ayer un decreto que obliga al Gobierno a pagar de inmediato una tasa de interés del 3.5% por el dinero que toma prestado del fondo de ahorro para pensiones de los trabajadores.
Los 48 votos con que se aprobó la medida provinieron de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC, mientras que ARENA votó en contra.
El decreto transitorio avalado ayer establece un incremento paulatino que parte de un piso del 3.5% desde febrero de este año hasta enero de 2017. Luego, de febrero 2017 a enero 2018, la tasa será de 3.7 % y, posteriormente, de febrero 2018 a enero 2019, el interés subirá a 3.9 %.
El documento también plantea una reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales incorporando el literal c) al artículo 12, en el cual se establece que de febrero de 2019 en adelante se podría aplicar hasta una tasa de interés del 5.5 %, pero se hará “dependiendo de la capacidad de pago del Estado”.
“La tasa deberá ubicarse en un rango comprendido entre un mínimo de 3.5% y un máximo de 5.5 % . Este rango deberá ser revisado cada dos años, en función de la evolución de la tasa de depósitos, respetando el equilibrio entre la rentabilidad de los fondos de pensiones de los cotizantes y la capacidad de pago del Estado”, dice en el documento.
El porcentaje avalado, en opinión de ARENA, no cumple ni con las expectativas de los trabajadores de acceder a una pensión digna, ni con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó a la Asamblea que mejorara el porcentaje que el gobierno ha venido pagando por usar el ahorro de los empleados en calidad de préstamo.
Ana Vilma de Escobar y Carmen Elena Calderón de Escalón, ambas diputadas de ARENA, cuestionaron que lo aprobado ayer no cumple con las expectativas que tienen los trabajadores de obtener una mayor rentabilidad por sus aportaciones a las administradoras de fondos y, así, accesar a una mejor pensión cuando cumplan con su tiempo y edad de jubilación.
De Escalón añadió que la Asamblea tampoco estaría acatando la orden que dio la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en diciembre de 2014, de mejorar la rentabilidad de los fondos de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), los cuales utiliza el Estado en parte para saldar sus compromisos financieros.
Los legisladores llegaron al acuerdo de elevar la tasa de manera gradual, tras una reunión a puerta cerrada que tuvieron ayer al mediodía con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien al salir evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo, la posición de Cáceres ha sido que el gobierno no podía pagar más del 3.4 % y un máximo del 4 % de interés. Ante esto, los diputados Rodolfo Parker, del PDC; y Mario Ponce, del PCN, fueron de los primeros en proponer que para no afectar las finanzas del Estado se adoptara un mecanismo de incremento gradual del porcentaje de la tasa de interés.
Tanto Parker como Ponce eran de la idea que se lograra un máximo que rondaría entre el 5.5 % y el 6 % en 2019, tomando en cuenta que el gobierno actualmente cancela hasta un 7 % por los títulos valores a los inversionistas internacionales.
Poco después de que la Sala de lo Constitucional le ordenara a la Asamblea mejorar el porcentaje que paga el Estado por usar los fondos de pensiones, el gobierno pasó de cancelar el 1.3 % por los CIP a un 3 % a partir de enero de 2015.
Pero de acuerdo a lo aprobado ayer por la Asamblea, la tasa de interés por los CIP solo subirá un 0.5 %, ya que el gobierno deberá pagar como mínimo el 3.5 % desde febrero.
Ante esto, diputados de ARENA remarcaron en el pleno que lo que la Sala de lo Constitucional ordenó fue que el Estado debía equilibrar este pago en relación no sólo con la tasa Libor (que sirve de referencia para calcular el rédito que sirve de base para las operaciones de eurocréditos), sino también con lo que cancela en intereses a inversionistas extranjeros.
El fallo de la Sala de lo Constitucional decía que la Asamblea debía considerar el mercado nacional y el contexto internacional que permita que la tasa a pagar por los CIP “sea la misma o una cercana a la que el Estado salvadoreño paga a inversionistas extranjeros por bonos”.
A raíz de la inequidad que el gobierno ha venido realizando en el pago por la utilización de los fondos de ahorros de los trabajadores fue que asociaciones de pensionados interpusieron varios recursos en la Sala de lo Constitucional para que el máximo tribunal se pronunciara al respecto.
Estas gremiales argumentaron, en julio de 2015, que los trabajadores han dejado de percibir en los últimos ocho años $1,200 millones por el bajo interés que el gobierno ha venido pagándoles por sus ahorros, por lo que pedían que la Asamblea aprobara que el Estado les cancele 7.5 % de interés por sus cotizaciones.
Pero ayer sólo ARENA votó en contra de pagar una baja tasa interés, mientras que Francisco Zablah, de GANA, se abstuvo porque consideró que el porcentaje realmente no es el que beneficia a los trabajadores y comparó que el gobierno paga más a los extranjeros que a los trabajadores por prestarle sus ahorros.
La discusión del decreto transitorio se llevó varias horas en el Salón Azul, en donde ARENA reclamó que ahora tendrán que ser los empleados quienes paguen con sus ahorros para pensionarse por el “despilfarro” que han hecho los dos gobiernos del FMLN.
“Qué ingrato es el Gobierno del FMLN”, se lamentó el arenero René Portillo Cuadra, quien junto a su colega tricolor, Margarita Escobar, advirtió que la Sala puede señalar que la Asamblea incumplió con el fallo que emitió.