El Gobierno ha demostrado que actualmente no tiene suficientes fondos para cubrir todos sus gastos, y ha entrado en una espiral de deudas e insostenibilidad que no le permitirán pagar las pensiones vitalicias que ofrece con el sistema mixto.
Ese fue el análisis que hicieron economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) durante un foro con estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia.
El director de estudios económicos de Fusades, Álvaro Trigueros, recordó que antes de presentar la propuesta del sistema mixto el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que le permita colocar $1,200 millones en deuda de largo plazo.
Según el decreto que ingresó a la Asamblea esos bonos se usarán para “el pago de capital e intereses de la deuda de corto plazo, para apoyo presupuestario y para fortalecer la caja fiscal”.
Es decir, el Gobierno quiere usar los bonos para pagar casi $900 millones de las Letras del Tesoro (una especie de tarjeta de crédito).
“Qué significa eso, que el Estado no tiene capacidad de pagar su deuda y está pidiendo permiso para emitir más deuda para pagar deuda. Ya entró en una espiral de insostenibilidad financiera”, explicó Trigueros a los estudiantes.
A criterio del analista esta situación refleja una contradicción entre la realidad del Gobierno y los beneficios que se compromete a pagar con el sistema mixto. “Y así ofrece que va a dar seguridad para pagar las pensiones”, ironizó el economista.
De manera similar se expresó el asesor macroeconómico de Funde, Carlos Pérez Trejo, quien dijo que esta petición de deuda “refleja… que el gobierno tiene problemas para gestionar las finanzas y no tiene capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones más fundamentales”.
Si en este momento al Gobierno no le alcanza, los analistas creen que tendrá más dificultades cuando deba pagar pensiones a los jubilados actuales y futuros.
El continuo endeudamiento del Estado implica otro riesgo para los cotizantes. Y es que actualmente los ahorros de pensiones están invertidos, por ley, en títulos del Gobierno. En total $80 de cada $100 ahorrados se han prestado al Estado.
“Con esa concentración cualquier problema que tenga el Gobierno lo vamos a pagar todos”, se quejó Pérez.
Ante este panorama el presidente de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), Rolando Castro, reaccionó señalando que la reforma en realidad no arregla los problemas de pensiones.
“Nadie está planteando en el debate el retiro digno de los trabajadores”, denunció durante el foro.
Castro consideró que con la reforma el Gobierno quiere aliviar sus deudas y obtener más dinero. Incluso opinó que es una opción “menos costosa” porque solo afectará al 24% de la población que tiene empleo formal y cotiza para una pensión.
La alternativa es “un impuesto grande para resolver el déficit presupuestario y me llevo un costo fiscal y político de los 6 millones de habitantes”, explicó.
Reforma excluyente
“Los grandes ausentes en el debate nacional somos los trabajadores”, fue la crítica más fuerte del líder sindical durante el foro.
Rolando Castro dijo que la reforma de pensiones es inconsulta, unilateral y excluyente. Además opinó que hay hipocresía en el debate sobre el tema.
“El gran debate no cuenta con ningún instrumento de carácter técnico, no está hablando de la realidad el país y de las pensiones. Son ataques eminentemente políticos”, expresó.
Con ello se refirió además a las campañas “El robo del siglo” y a los spots en televisión que usa el Gobierno para promover la pensión mínima y vitalicia.
Carlos Pérez dijo que ambas campañas son extremistas y fomentan una discusión polarizada sobre las pensiones. “Posiciones que no son las más adecuadas para llegar a una solución… Tenemos que ahondar en la esencia de los problemas”, añadió.
El Gobierno evitó un debate abierto sobre la reforma de pensiones y presentó la propuesta directamente a la Asamblea Legislativa. Según expresó el vicepresidente, Oscar Ortiz, ayer “es una instancia donde se puede abrir todo tipo de consultas para recibir propuestas, opiniones, sugerencias y preocupaciones”
Pero el presidente de Astram dijo que esa no es la manera de generar debate, pues se trata de un organismo de discusión política, no técnica.
Asimismo, Álvaro Trigueros consideró que limitar el espacio del debate es antidemocrático.
No quitar los ahorros
En un evento aparte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, consideró que el Gobierno está presentando su propuesta de forma atractiva pero en realidad le echará mano a $4,500 millones de los trabajadores.
“Para no tener que cumplir esas obligaciones que tiene (pensiones públicas) está buscando cómo administrar las cuentas de otros, lo cual no es correcto”, expresó.
Simán hizo un llamado a que los diputados sean responsables con los trabajadores y no permitan que les quiten los ahorros de una vida.