Casa Presidencial (Capres) negó el acceso a la información tanto de viajes como de comitivas del expresidente Mauricio Funes desde 2012.
El 30 de noviembre de ese año, El Diario de Hoy solicitó formalmente y por vía electrónica a la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia de la República (UAIP) información sobre el número de funcionarios que acompañaron al presidente Mauricio Funes a la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que fue celebrada en Cádiz, España del 16 y 17 de noviembre.
Asimismo, se pidió al Oficial de Información de la Presidencia, Pavel Cruz, el número, nombre y cargo oficial de las personas que acompañaron al Presidente, así como el trabajo específico que realizaron en dicha actividad y qué justificación se hizo para su inclusión en la comitiva gubernamental.
Además se le pidió el detalle de los costos del viaje de todas esas personas, incluido el del presidente, tales como el monto de los boletos, estadía y viáticos.
En ese momento, el oficial de información no solo incumplió con el plazo, pues además de informar que la respuesta demoraría cinco días más, esta se extendió aún más hasta que informó sobre la denegatoria de la misma.
Vale resaltar que en ese momento aún no estaba instaurado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Posteriormente, en julio 2014, la ALAC de Funde solicitó información de todos los viajes oficiales realizados por Funes y Vanda Pignato por el período del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, cuando fungieron como presidente y primera dama. Asimismo, solicitaron información sobre la comitiva, logística de seguridad y transporte; información sobre las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para el 2010, auditorías internas realizadas del 2007 al 2011 e información sobre las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador durante la administración Funes. A inicios de 2015, el IAIP mantuvo la reserva impuesta por Capres en la mayoría de la petición, excepto en los gastos totales en publicidad y las auditorías.
Los comisionados avalaron con ello los argumentos de la Presidencia en el sentido que podrían comprometer la seguridad nacional y con ello existiría riesgo de hacer públicos los mecanismos de seguridad empleados para la protección del presidente Salvador Sánchez Cerén.
A finales de diciembre, el abogado Herbert Danilo Vega interpuso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia argumentando que se estaría violando el acceso de información pública.