Ministro Tharsis dio auditoría por 55 mil dólares a asesor de su empresa familiar de Grupo Rayo

También lo nombró como presidente de la Junta de Vigilancia de la Contaduría Pública.

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José Antonio Ventura Sosa (tercero de der. a izq.) fue juramentado como pte. del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública el año pasado.

/ Foto Por cortesía

Por Karen Molina

2016-02-28 9:00:00

El Ministerio de Economía otorgó en noviembre de 2014 una auditoría por un costo de $55 mil dólares a la empresa consultora Ventura Sosa S.A de C.V, la misma empresa para la que su propietario, José Antonio Ventura Sosa, ha trabajado por más de 20 años para la empresa familiar del ministro Tharsis Salomón López, Grupo Rayo.

La auditoría fue entregada meses después de que la empresa de Tharsis registrara al 31 de diciembre de 2014 un saldo de deuda por más de $2,000 y que ha venido arrastrando desde 2010 en la lista de deudores de la firma consultora, según consta en los informes contables del Centro Nacional de Registro (CNR).

El año pasado el propietario y representante legal de la firma consultora también  fue juramentado como director presidente del Consejo de la Vigilancia la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría para un plazo que tendrá  vigencia hasta 2018.

Su representante propietario y su suplente son elegidos por el Minec.

Fue el ministro  Tharsis quien confirmó a este periódico que Ventura Sosa ha trabajado con su empresa familiar por más de 20 años y que lo considera una persona muy profesional, con amplio conocimiento de su trabajo y con las capacidades para desempeñar ese cargo.  “Él ha trabajado por más de 20 años con la empresa. Como no voy a tener deudas si $1,500 me cobra al mes”, señaló el funcionario.

Agregó que la auditoría que le dieron cuenta con todos los requerimientos de ley y que su proceso fue totalmente transparente.

El estudio que le fue adjudicado en noviembre de 2014 se denominó “Servicios de auditoría de gestión para realizar un diagnóstico operativo de los trámites en cola de las dependencias estratégicas del Ministerio de Economía”.

La auditoría debía contratar a la empresa por Libre Gestión, lo que le permitiría a la institución contratar a una empresa de forma directa.

Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió hacer un proceso similar al de una licitación e invitar a varias empresas para que participaran del proceso.

De acuerdo a los documentos oficiales del proceso, Economía   invitó a la empresa Deloitte & Touche, S.A de C.V, a Pricewaterhause Cooper, S.A de C.V, Ernest & Young El Salvador, KPMG S.A y Ventura Sosa S.A. de C.V.

Los documentos enviados por el Minec indican que la empresa KPMG se excusó de participar posteriormente en el proceso por “compromisos previamente adquiridos” y solo dos de las invitadas presentaron una propuesta: la primera fue Ernest & Young El Salvador, que ofreció hacer la auditoría por un monto de $84,750 y Ventura Sosa, que ofreció $55 mil.

La Comisión Evaluadora, en la que participaron cuatro miembros del Ministerio  de Economía (analista financiero, especialista financiero, gerente de planeamiento y un asesor legal ad-honoren) decidieron que Ventura Sosa S.A. de C.V. era la firma consultora ideal para realizar este proyecto por haber presentado la oferta más baja.

El funcionario dijo que su elección no era de dedo y aseguró que a pesar de que se pudo haber dado el proyecto de forma directa, el ministerio decidió hacerlo público y a través de la plataforma digital Comprasal.

“No era de dedo. Hubiera podido serlo porque se pudo contratar por Libre Gestión, pero no quería dar esa impresión sobre todo cuando yo sé que hay una persona que conozco”, señaló el ministro al explicar el caso.  

“Invité a cinco empresas, precisamente para ser transparente y para que no me estén diciendo que es de dedo”, agregó el funcionario.

La auditoría que hizo esta empresa fue, según López, la que permitió evidenciar una serie de retrasos en los permisos de las canteras y también la que descubrió $2 millones en multas a las gaseras que no se habían podido cobrar.

Sobre su nombramiento como presidente del Consejo, el ministro dijo que Ventura Sosa “tiene toda la capacidad y las credenciales para participar además de contar con 40 años de experiencia”, agregó.

En una carta enviada a este periódico el ministro recalcó que este Consejo es una institución gubernamental autónoma en lo administrativo y financiero, que si bien es cierto está adscrita al Ministerio de Hacienda, también tiene entre sus representantes a miembros de la Empresa Privada y del gremio de contadores, lo que a juicio de López “garantiza pluralidad, transparencia y representatividad de todos los sectores”.

El funcionario sostuvo, además que el nombramiento de Ventura Sosa tenía el respaldo del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos.

¿Conflicto de intereses?

Esta no es la primera vez que el titular de Economía combina sus negocios personales con los públicos.

En octubre de 2014 El Diario de Hoy publicó que el ministro Tharsis tenía otra deuda por $763,240 con la empresa distribuidora Alba Petróleos, a quien debe vigilar desde el Ministerio de Economía por ser una compañía que distribuye combustible en el país.

Por ese mismo caso el funcionario también negó que hubiera conflicto de intereses y aseguró que las cosas se gestionaban de forma diferente.

El caso fue más allá pues se conoció que el director de Hidrocarburos y Minas de la institución, Eduard Alexánder Ramírez Acosta, también se desempeñó como jefe de Estaciones de Servicio de Alba Petróleos en enero de 2011.

Ventura Sosa respondió a través de un correo electrónico que en relación a la auditoría, no hay conflicto de intereses “porque  las decisiones fueran calificadas en lo técnico y legal previamente, por un colectivo y ajeno al Licenciado Tharsis Salomón López Guzmán Ministro de Economía”.

Y con respecto a su nombramiento,  Ventura Sosa señaló que este puesto es adhonorem (no recibe salario) y además, fue otorgado previa evaulación de honradez realizada por el Minec y Casa Presidencial.

Al respecto el coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC), Roberto Burgos, señaló que aunque en este caso no hay un grado de consaguinida que evidencia un real conflicto de intereses, sí ha habido una “relación de subordinación” pues antes de que Ventura Sosa realizara esta auditoría y fuera juramentado como presidente del Consejo, fue “empleado” de Tharsis en el ámbito privado, que persigue objetivos distintos a los que se pueden dar en el ámbito público.

“Ha tenido una relación jerárquica de proveedor a contratista”, dijo Burgos, quien también es cauteloso al señalar que se debe conocer si en realidad esta empresa tuvo ventajas sobre otras para ganar la auditoría o para que lo eligieran como presidente del Consejo.

Según el Ministro Tharsis, en el segundo caso, su elección estuvo a cargo de un grupo de evaluadores en el que él no participó,  por lo que considera que no ha habido un conflicto de intereses.

La Ley de Ética Gubernamental indica en su artículo 3, numeral “j” que hay un conflicto de intereses cuando el interés personal del servidor público o sus parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad entran en pugna con el interés público.