La inmediata libertad de los cuatro militares detenidos por el caso Jesuitas, el cese de la persecución de los otros acusados por el juez español Eloy Velasco, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratifique las resoluciones anteriores en las que denegó la extradición de los militares, son algunas de las peticiones que se hicieron ayer durante la manifestación que realizaron familiares a favor de los oficiales en situación de retiro que son reclamados por el referido juez.
A la marcha asistieron familiares, amigos, exministros de Defensa y militares retirados afiliados a las distintas asociaciones de veteranos de la Fuerza Armada.
Los manifestantes, quienes en su mayoría vistieron de azul y blanco, además enarbolaron la Bandera Nacional, rechazaron las intenciones del juez Velasco de pedir la extradición de los militares para ser juzgados en España, cuya petición de llevarlos a ese país, la consideraron como una injerencia internacional a la soberanía salvadoreña.
Los asistentes tuvieron que caminar desde el monumento a la Revolución en la colonia San Benito hasta la embajada de España donde los parientes de los militares perseguidos entregaron una carta dirigida al embajador Francisco Rabena Barrachina.
Un pelotón de policías antimotines impidió el paso de los manifestantes hasta a la sede diplomática y solo se permitió el ingreso de una comitiva de cinco familiares para entregar la misiva, que fue recibida por el jefe de seguridad de la embajada.
En la carta, los parientes afectados expresan que las intenciones del juez Velasco de querer juzgar a los militares salvadoreños en España, violenta el ordenamiento jurídico salvadoreño porque ya hubo dos juicios por ese caso en el país.
“La Audiencia Nacional española no es una Corte Internacional de Justicia para abogarse una jurisdicción que no tiene en un asunto meramente interno de nuestro país”, señala la misiva.
Agrega además de lamentar y repudiar los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, que las acciones promovidas por el juez Velasco e impulsadas por “otros intereses cuestionables utilizando y tergiversando los mismos conceptos y principios de los derechos humanos, atentan contra la seguridad jurídica de nuestros connacionales, atentan contra las decisiones ya emitidas por nuestro Órgano Judicial y nuestra Constitución. Esta injerencia en nada abona al proceso de reconciliación y paz que los salvadoreños tanto anhelamos”.
Familiares y amigos de los militares perseguidos coincidieron en que el Gobierno y los sectores políticos deben de trabajar por resolver los graves problemas que enfrenta El Salvador en la actualidad como la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleos; así como trabajar por fomentar la reconciliación y la paz en vez de promover el odio y la confrontación que en nada beneficia al desarrollo del país.
“El país necesita paz, necesita trabajo, necesita libertad, tenemos que retomar los valores que hemos perdido”, dijo Ana Virginia Bustillo, hija del general Rafael Bustillo, uno de los militares requeridos por el juez español.
Ana Yanci de Guzmán, esposa del coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, sostuvo que las detenciones de los cuatro militares son ilegales, porque la ley otorga 72 horas para la detención y ser puesto a las órdenes de un juez, y “esta gente lleva 20 días que están capturados y nadie resuelve nada y como familia estamos aquí para exigir su inmediata libertad”.
Los arrestos de los cuatro militares se registraron la noche del 5 de febrero por parte de la Policía. En esa oportunidad, la PNC capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, a los sargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo, y al cabo Ángel Pérez Vásquez; quienes fueron juzgados en 1991 por las muertes de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Sin embargo, solo el coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión, pero salió en libertad años después beneficiado con la Ley de Amnistía.