Un grupo de veteranos de la Fuerza Armada pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifique que los 17 militares reclamados por el juez español Eloy Velasco Nuñez no pueden ser extraditados a España para ser juzgados por las muertes de seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras.
Además, demandaron de los magistrados de la CSJ que ordenen de inmediato la libertad de los cuatro militares en situación de retiro que se encuentran detenidos en espera de que resuelvan si serán extraditados o no.
Y reclaman además que le ordene a la Policía que cese la persecución en contra de otros 12 militares que aún no han sido detenidos y que también son reclamados por el juez Velasco.
Los manifestantes, quienes se identificaron como Coordinadora Nacional de Veteranos Militares de la Fuerza Armada, pidieron a los magistrados de la Corte Suprema que “mantenga su postura que dio en Corte Plena en febrero del 2012, de la no extradición de los 17 militares, según el artículo 28 de la Constitución de 1983”.
Uno de los coordinadores de la protesta, Timoteo Palacios, aseguró que darán 15 días a la Corte Suprema para que resuelva a favor de los militares detenidos o de lo contrario podrían realizar otras acciones “más fuertes”, sin especificar tales actividades.
Los demandantes argumentan que los 17 militares no pueden ser enviados a España porque cuando ocurrieron los asesinatos no existía ningún convenio de extradición con ese país y además porque el artículo 28 de la Constitución de 1983 prohibía la extradición de un salvadoreño en cualquier caso. Recordaron el principio universal de la no retroactividad de las leyes.
Así también, consideran que los magistrados deben de resolver favorable a los detenidos porque el artículo 11 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
Agregaron que el caso Jesuitas fue juzgado en dos oportunidades y los dos militares condenados fueron favorecidos por la Ley de Amnistía.
Los veteranos consideran que la pretensión del juez español Velasco de enjuiciar a los 17 militares salvadoreños es una clara “violación a nuestra soberanía nacional, a nuestro Sistema Judicial, a nuestra moral como Nación”, señala parte del escrito.
Agrega que también violenta “los derechos constitucionales individuales de un grupo representativo de nuestra Fuerza Armada. España tiene que respetar a El Salvador como una nación libre y soberana”.