Los abogados de los cuatro militares capturados la semana anterior en relación al asesinato de los jesuitas presentaron hoy un recurso de hábeas corpus, procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.
Los detenidos son: coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Los abogados argumentan que las capturas son ilegales, y que el plazo de detención venció el martes, por eso los militares deben ser liberados. Además, niegan que la muerte de los jesuita sea de lesa humanidad y que sea imprescriptible como lo ha planteado el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.
El crimen tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.
También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
El 5 de enero el juez de la Audiencia Nacional español Eloy Velasco reiteró la orden de detención contra los militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España.
Entre los militares a los que el juez pidió detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a EE.U.U y concedida este 5 de febrero. En ese país el salvadoreño cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.