Los familiares de los militares, a quienes España ha solicitado extraditarlos por la muerte de seis sacerdotes jesuitas, exigieron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que haga cumplir dos resoluciones que denegaron tal petición.
También anunciaron que presentarán un recurso de habeas corpus (exhibición personal) en favor de los cuatro militares capturados por la PNC, la noche del viernes pasado.
El habeas corpus es una garantía constitucional mediante la cual se protege la libertad y los derechos de los individuos.
Los detenidos, para quienes se pedirá el recurso, son el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el cabo Ángel Pérez Vásquez y los subsargentos retirados, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo.
“Como ya están capturadas cuatro personas, vamos por esas cuatro, a solicitar un habeas corpus efectivo a la Sala de lo Constitucional”, anunció Lisandro Quintanilla, abogado defensor del grupo de militares que están siendo reclamados en extradición.
A parte de dicho recurso, que será presentado a favor de los cuatro detenidos, la Corte Suprema mantiene en su poder un pedido similar para los 13 militares involucrados en el caso jesuitas.
Quintanilla explicó que hay lentitud por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte, en emitir la respuesta de habeas corpus en favor de los 13 militares, presentada hace tres semanas.
Consideró que dicho retardo ocasionó un vacío que la PNC aprovechó para poder ejecutar las órdenes de captura de los militares.
El abogado reiteró que el máximo tribunal ya ha dado resoluciones que el pedido de España solo es para localización, no para extradición.
“De los 13, aún hay nueve personas que están amenazadas en su libertad, y son por lo tanto para los que la Sala de lo Constitucional debería de analizar una exhibición personal preventiva”, dijo.
Quintanilla reiteró que los militares que aún no han sido detenidos no se entregarán porque no esperarán a ser “arbitrariamente sometidos”.
Piden a CSJ hacer cumplir sus fallos
Los parientes de los generales Juan Rafael Bustillo, Rafael Larios y Juan Orlando Zepeda; y de los coroneles Elena Fuentes, Guzmán Aguilar y Cerna Flores, reiteraron ayer su inocencia, “de hechos que jamás cometieron, ni ordenaron”.
“Apelamos a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, para que resuelvan prontamente el recurso de habeas corpus interpuesto por nuestros padres”, indicaron los parientes.
Carlos Mauricio Guzmán Segovia, uno de los parientes denunciantes, explicó que en agosto de 2011, los militares se sometieron a las autoridades judiciales cuando la Audiencia Nacional de España libró órdenes de detención contra ellos.
Añadió que la Corte Suprema de Justicia resolvió en pleno que dichas órdenes solo tenían como alcance la localización de los acusados, no así su extradición.
Guzmán Segovia añadió que el máximo tribunal en pleno, emitió una resolución el 8 de mayo de 2012, en la que declaraba improcedente la solicitud de extradición y dio por cerrado el caso de forma definitiva.
Los parientes de los militares recordaron además, que el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, durante la ofensiva guerrillera en 1989, ya fue juzgado. Agregaron que varios acusados fueron condenados a purgar 30 años de prisión, pero posteriormente fueron incluidos en la Ley de Amnistía.
Además, que el 26 de enero de 2001, la Cámara Tercera de lo Penal, resolvió un sobreseimiento definitivo (libertad) de los presuntos autores intelectuales.
“Hoy, cinco años después, el derecho a la libertad de nuestros padres, consagrado y protegido en nuestra Constitución, nuevamente está siendo amenazado, al haberse reiterado por parte del juez español, la orden de detención con fines de extradición, en flagrante violación a la decisión ya dictada por la Corte Suprema de Justicia, máximo y único tribunal competente para conocer esta materia”, declararon en conjunto los parientes de los militares.
Juan Orlando Zepeda hijo, manifestó que la persecución de sus parientes era política y por sentimientos de odio.
“¿Cuánta gente no murió en el conflicto?, ¿Cuánta gente no fue asesinada por los terroristas, los que fueron guerrilleros, que estaban alzados con nuestra patria?”, cuestionó Zepeda.
Añadió que no permitirán que las leyes del país sean aplicadas por otra nación.
“No venimos a pelear, sino a pedirles que respeten. Respeten la libertad de nuestros padres. A los señores de la Corte Suprema de Justicia, les imploramos que hagan valer sus sentencias”, enfatizó.
Afirmó que la PNC cometió actos ilegales al capturar a los cuatro militares y perseguir a los demás prófugos.
Zepeda explicó que desde diciembre del año pasado, la PNC andaba “posteando” a los militares y a sus familias sometiéndolos a acoso.
Ana Yanci Segovia de Guzmán Aguilar, dijo que se sentían acosados por la persecución de la PNC.
“Nos sentimos orgullosos de ser familiares de estos hombres que defendieron nuestra patria cuando más lo necesitó. Gracias a ellos gozamos de un país libre y democrático”, dijo la denunciante.
Pidió al Gobierno que respeta la seguridad jurídica y que no “siga sembrando el odio” ya que lo que se necesita es la reconciliación.
Los parientes de los militares reprocharon el actuar del Procurador de Derechos Humanos, David Morales, por considerar que se ha parcializado, contrariando sus funciones. El funcionario ha pedido captura de los militares.
Denuncia violencia
Irma de Zarpate, esposa de uno de los militares capturados por la PNC, denunció que durante la detención de su pariente, hubo uso de violencia.
“A nosotros se nos agredió física y verbalmente. A mis hijos me los golpearon y a mi me ultrajaron como quisieron”, dijo la mujer. Añadió que a su esposo lo arrestaron como a un delincuente de forma violenta. “Nosotros no andábamos huyendo porque sabíamos que esto ya había sido juzgado”, reiteró.