Los cuatro militares capturados el viernes a petición de la Audiencia Nacional de España que los acusa de participar en el asesinato de seis sacerdotes españoles, en 1989, fueron presentados, la tarde del sábado, al juzgado Primero de Paz de San Salvador.
En la diligencia, que inició alrededor de las 3:00 p.m., les notificaron al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y a los subsagentos Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo por qué los aprehendieron y les leyeron su derechos.
Hasta las 9:00 p.m., los militares no habían sido trasladados a las bartolinas de la Subdirección de Tránsito, donde fueron llevados la noche del viernes tras ser arrestados en sus respectivas viviendas.
El abogado Lizandro Quintanilla informó que el lunes serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien decidirá si deben seguir en prisión preventiva o les decretará libertad con medidas sustitutivas.
Además, el tribunal superior designará al juzgado que estará a cargo del proceso. Simultánemante, tendrá que notificar a las autoridades españolas que los militares ya fueron detenidos para que en un plazo de 60 días hagan la solicitud de extradición, como lo establece el tratado.
Quintanilla dijo desconocer el paradero de los otros 13 militares en situación de retiro que son reclamados por el juez español Eloy Velasco.
El defensor descartó que los militares se vayan a presentar voluntariamente ante el juzgado español porque una de las condiciones que se les puso para mantenerse vinculados al proceso es que cada uno de ellos rindiera una fianza de dos millones de euros.
A su juicio, solo eso es una “gran dificultad” porque si no pueden cancelarlos serían enviados a la cárcel mientras sigue el proceso y él tiene la seguridad de que serían condenados por la Audiencia Nacional de España.
“Lo que implica extraditarlos es que ellos van a ser sometidos a un juicio infundado que violenta el debido proceso, con pruebas e informes de personas que no tienen ningún conocimiento de las cosas que pasaron aquí”, señaló Quintanilla.
Defensa pide a CSJ no avalar la extradición
El defensor de los militares expresó ayer que el “escenario más justo” para sus clientes es que la CSJ declare improcedente la extradición.
“Hago un llamado a la Corte para que preserve el estado constitucional de derecho de El Salvador que dice que no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa”, dijo Quintanilla.
En mayo de 2012, la CSJ denegó la extradición a España de los militares salvadoreños procesados por el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas cometido el 16 de noviembre de 1989, en El Salvador.
La decisión fue tomada por el pleno de la Corte tras cuatro meses de discutir el tema.
En esa ocasión, nueve de los 15 magistrados votaron a favor, tres estaban ausentes y los restantes no estuvieron de acuerdo.
El entonces magistrado Ulices del Dios Guzmán explicó que el argumento central de la decisión fue “que los probables homicidios de los jesuitas ocurrieron en una fecha anterior a la reforma del artículo 28 de la Constitución y antes de la reforma que se dio en 2000, el texto del referido artículo no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso”.
Guzmán señaló que el artículo 15 de la Constitución dice que las personas deben ser juzgadas con las leyes preexistentes a los hechos y por eso tenía que aplicarse el artículo 28 de la Carta Magna.
Este fue el segundo beneficio para los militares, pues en agosto de 2011 los magistrados de la CSJ rechazaron la primera petición de capturarlos y decidieron no detener a los militares debido a que la difusión roja de Interpol solo establecía fines de localización.
Tras el fallo de los magistrados salvadoreños, el juez español ordenó vía diplomática una nueva captura.
El juzgador procesó a los exmilitares por ocho delitos de asesinato terroristas y un delito de lesa humanidad contra el derecho de la gente, según la petición que realizó Velasco.