La Asamblea Legislativa iniciará el 2016 con varias tareas importantes, entre ellas varias que tenían un plazo que venció el año pasado: elección del Fiscal General y de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); además de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones relacionadas a las concesiones de las frecuencias televisivas.
En el caso del Fiscal General, la Asamblea tenía hasta el 3 de diciembre de 2015 para elegirlo, pero la falta de acuerdo, primordialmente entre las dos fracciones más grandes (ARENA y FMLN), repitió el escenario vivido tres años atrás cuando en esa ocasión tardaron en nombrar a Luis Martínez, quien ahora está buscando la reelección.
Extraoficialmente se aseguraba que Martínez contaba con el apoyo de ambos partidos y el de GANA; sin embargo, tras declaraciones de algunos diputados tricolores y de algunos efemelenistas de que no le darían sus votos, el camino se le perfila bastante empinado y se prevé que se termine eligiendo a otra persona.
Tras vencerse el plazo, se especuló en cada sesión plenaria que la elección del titular de la FGR se realizaría, pero dada la falta de acuerdo entre tricolores y efemelenistas que juntos hacen posible los 56 votos requeridos para tal decisión, la elección quedó postergada.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, dijo en su momento, que el FMLN estaba más preocupado en la última plenaria del año (el 23 de diciembre) en “amarrar a Probidad (de la CSJ)” que en elegir al titular de la FGR. Sin embargo, Lorena Peña acusó a los tricolores de no tener una lista definida para consensuarla.
Otro tema que los mismos diputados calificaban de urgente fue el nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), una instancia vital en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema.
Actualmente, solo dos de siete consejeros están en sus cargos, debido a que al resto, incluyendo sus suplentes, se les expiró el período en septiembre pasado.
Hasta que los diputados decidan elegir a los restantes cinco consejeros y sus respectivos suplentes, el CNJ no puede presentar ternas para que la Corte Suprema de Justicia elija jueces ni magistrados de Cámara, así como autorizar el pago de salarios a los empleados de la institución.
Algunos diputados reiteraron que los más de dos meses de retraso se debió a que la Sala de lo Constitucional intervino en el proceso, pero lo cierto es que tras la resolución de los magistrados de dicha Sala, los parlamentarios tampoco incluyeron el tema en la agenda de las últimas plenarias, pese a que aseguraban haber llegado a un acuerdo.
Pese a que anunciaron que en la plenaria del 10 de diciembre los elegirían, el tema fue ignorado.
Para esta elección de segundo grado también es necesaria la mayoría calificada, es decir, 56 votos.
El otro tema para el que los legisladores tenían plazo fatal es el de las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, en lo referente a establecer las normas que tendrá el Estado para otorgar las frecuencias televisivas del espacio radioeléctrico.
A finales de julio pasado, la Sala de lo Constitucional determinó que existía una inconstitucionalidad por omisión en la Ley General de Telecomunicaciones al no existir mecanismos alternos a la subasta pública como forma para obtener una concesión de las frecuencias, así como para la renovación automática de las mismas.
Los magistrados de la referida Sala ordenaron a la Asamblea, por unanimidad, que a más tardar el 31 de diciembre de 2015 emitieran una normativa en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática, los mecanismos alternativos para la adjudicación de las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico que operará de forma adicional al de la subasta pública.
En la última plenaria del año pasado, los diputados habían introducido un dictamen favorable aunque parcial que contaba con el aval de ARENA, GANA y PCN, en el que establecían que ya no se realizarían las renovaciones automáticas de las concesiones televisivas, y que tampoco a través de subastas, sino por concurso público.
Sin embargo, a última hora, el acuerdo fue retirado de la agenda de la plenaria por GANA, a petición del FMLN.
Otros temas en el tintero
Hay otros temas trascendentales, que aunque carezcan de plazo, la Asamblea Legislativa les ha dado largas.
Ejemplo de ello es el voto cruzado. A inicios de noviembre de 2014, la Sala de lo Constitucional avaló que los salvadoreños pudieran votar por candidatos a diputados de distintos partidos políticos, independientes o coaliciones.
En la sentencia, los magistrados incluyeron una cláusula para que esta medida entrara en vigencia en la elección legislativa del 1 de marzo de 2015 lo que obligaba a la Asamblea a actualizar el Código Electoral.
Dado que los diputados no resolvieron en su momento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró un reglamento provisional que estuvo vigente únicamente durante dichos comicios.
En julio de 2015, la Sala de lo Constitucional envió un escrito a los diputados donde les reiteraba que deben legislar sobre el tema.
Sin embargo, la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aún continúa con el estudio de las reformas sin que hasta el momento haya un acuerdo definitivo.
Los diputados tampoco han cumplido con el fallo de la Sala de “ciudadanizar” los organismos electorales temporales: las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Municipales (JEM).
Lo anterior significa que esos organismos ya no estarán integrados por miembros de partidos políticos, sino por personas sin afiliación partidaria. Los diputados tampoco han avanzado en este tema.
Otra deuda más de la actual legislatura al cierre de 2015 fue que aún no regulan sobre la tasa de interés para cuando se use el ahorro de los salvadoreños de las administradoras privadas de fondos (AFP).
La Sala de lo Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa debe legislar para mejorar la tasa de interés que debe pagar el Gobierno a los ahorrantes de las AFP por tomar prestado el fondo de pensiones con que paga las pensiones del antiguo sistema de reparto del ISSS e INPEP a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
El Gobierno ha pagado solo el 3 % de interés por usar ese dinero en el último año.
Ya pasó un año desde que la Sala emitió esa resolución y los diputados siguen demorando el asunto. Nada más se han escuchado propuestas de sectores económicos y de algunas fracciones legislativas de aumentar de 5 a 7.4% el interés por usar esos fondos.
Sin embargo, el Gobierno ha dicho que no puede pagar más del 4 %.
El diputado de ARENA, Juan Valiente, reconoció esta semana en una entrevista televisiva que, sin duda, legislar sobre la tasa de interés a los fondos utilizados por el Gobierno es una de las grandes deudas de la Asamblea.
Lamentó que siempre que la fracción tricolor ha querido discutir justamente dicho tema en el Salón Azul se les ha cortado el uso de la palabra.