A pesar de que la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ampararon a varios ciudadanos por despidos injustificados, ni la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ni el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como instituciones demandadas, han procedido a resintalarlos, debiendo incluso indemnizaciones, salarios y otras prestaciones de ley como parte delas medidas cautelares emitidas.
En este punto incluso las Salas coinciden en sus resoluciones en que no se siguió el debido proceso de despido, por lo que incluso a los demandantes no se les brindó el derecho de audiencia para dar sus argumentos sobre la decisión de la SSF y del ISSS.
Uno de estos casos es el de Mauricio Alfonso Fabeiro, quien se desempeñó como jefe de mantenimiento regional del ISSS hasta el 21 de diciembre de 2012. Ese día, según explicó, fue destituido sin razón y sin que las autoridades del Seguro Social, encabezadas por su exdirector, Leonel Flores, le entregaran una carta formal de despido, que solo se le comunicó que era por “pérdida de confianza” y que no existía responsabilidad patronal al respecto, es decir que no se le pagaría una indemnización de casi $36 mil por 21 años de labor.
“Es algo incompresible, sin justificación, por eso tuve que presentar el recurso de amparo, el cual fue admitido en marzo de 2013 y ordenaba mi reinstalo, pero (Leonel) Flores no acató en ese momento y yo notifiqué a la Sala”, relató Fabeiro, quien además enfatizó que en el proceso se le violaron sus derechos de audiencia, defensa, estabilidad laboral y la libertad sindical.
Pero el reinstalo fue hasta el 30 de mayo de 2014, un día antes del fin de la administración Flores en el ISSS. Sin embargo se realizó, según Fabeiro, como supervisor de mantenimiento, violando el amparo emitido por la Sala que ordenaba hacerlo en el mismo cargo y pagando los salarios pendientes.
Posterior a esto, el ISSS justificó en la etapa de aportación de pruebas que el demandante sí había recibido indemnización, aunque para ello expuso que el demandante cobró el Fondo de Protección de Trabajadores del ISSS, un beneficio laboral contemplado en el contrato colectivo de la institución pero que “no es equivalente” a la indeminización por los 21 años de servicio de Fabeiro.
“La maniobra del Seguro Social ya en la actual gestión fue querer demostrar que sí se me pagó indemnización para volver a despedirme, pero la Sala al final reconoció que se hizo una atribución errónea al Fondo de Protección”, agregó.
Por ello el 28 de septiembre de 2015 se revocó la resolución del 18 de marzo de 2015 donde se le daba la razón al ISSS y la Sala atribuyó “una consecuencia erronea” al Fondo de Protección del Seguro como supuesto pago de indemnización. Pese a esto, en julio Fabeiro ya había sido despido y hoy espera su segundo reinstalo, la indemnización y el pago de salario pendiente de abril de 2013 a mayo de 2014.
Superintedencia con casos pendientes
Otro caso es el de cinco exempleados de la SSF, quienes se desempeñaban en diferentes áreas y que fueron despedidos el 30 de diciembre de 2013 por el anterior titular de la Superintendencia Víctor Ramírez.
Tras esa decisión, los exempleados demandaron a la institución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, y según Jorge Castillo, quien se desempeñaba como analista jurídico en esa Superintendencia, se les tenía que reinstalar en octubre de 2014, luego de que se admitiera su demanda de amparo y se ordenara su reinstalo.
“No entendemos por qué el actual superintendente (Ricardo Perdomo) no nos ha resinstalado ni nos ha pagado los salarios adeudados, sobre todo porque esta fue una decisión del anterior titular de la institución. La Fiscalía General (de la República) ya sabe de nuestro caso y está claro que Perdomo está cayendo en desobediencia de particulares por no acatar el amparo de la Sala”, analizó Castillo.
Bajo este planteamiento, el caso de Castillo y de sus compañeros coincide en que no se realizó el debido proceso para separarlos. Incluso el demandante consultado insiste en que hubo arbitrariedad por parte de Ramírez al destituirlos sin argumentos sólidos.
En su resolución, los magistrados señalan “suficientes indicios que demuestran” que la SSF “transgredió el deber de someter al demandante a un debido proceso”.
Además de Castillo los otros demandantes son Juan Alfredo Carrillo, Luis Canales, José Roberto Chacón y Tadeo Rivera, este último también se desempeñó como analista jurídico y su caso está en la etapa de traslado.
En este caso, la SSF presentó un recurso de revocatoria pero este fue denegado por los magistrados de la Sala de lo Contencioso.
Hay que recordar que en junio de 2014, la Sala de lo Constitucional llamó al gobierno del presidente, Salvador Sánchez Cerén, a respetar a los trabajadores y a garantizar su estabilidad laboral, decenas de funcionarios y empleados del sector público han buscado amparo en el6 máximo tribunal tras ser destituidos de manera arbitraria, sin el debido proceso y violentándoles derechos como el de defensa y audiencia, entre otros.
No obstante, funcionarios de instancias como el Ministerio de Economía o la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) han sido despedidos sin justificación y su reinstalo ha superado los plazos, a pesar de las órdenes emitidas por la Sala.
Se buscó la versión del ISSS y de la SSF sobre estos casos pero al cierre de esta nota no se había obtenido repuesta.
