Varias organizaciones aglutinadas en el Equipo Gestor de la Ley de Probidad pidieron ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional dicha normativa y que suspenda sus efectos mientras ese tribunal no resuelva al respecto.
La demanda presentada por la agrupación, formada por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Fusades, ANEP, Fundación DTJ y la ISD, está sustentada en que la Ley de Probidad viola la Constitución y pone candados para que la sección de Probidad de la CSJ investigue con eficacia los casos de enriquecimiento ilícito.
Por ello, han solicitado que la legislación no entre en vigencia y que se mantenga vigente la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos, que data de 1959 y que fue sustituida por la normativa aprobada.
“Si antes estábamos en contra de que existiera una ley de 56 años de vieja, imagínense que hemos llegado al sin sentido aunque sea que se quede esa para mientras”, señaló Claudia Umaña Araujo, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Otro de los argumentos que incluye la demanda del Equipo Gestor, es que la nueva ley, aprobada el 16 de diciembre por el FMLN, GANA y PCN, y que fue sancionada en tiempo récord por el presidente Salvador Sánchez Cerén, entorpece la lucha contra la corrupción, ya que ha cambiado los procesos para determinar los casos de enriquecimiento ilícito.
Uno de ellos, señalan, es que se le han restado facultades a la sección de Probidad de la CSJ, además de eliminar los juicios civiles para que los funcionarios sorprendidos en el delito de enriquecimiento ilícito devuelvan los fondos obtenidos de forma indebida, así como quitarle facultad a la Corte Plena para ordenar investigaciones en dichos casos.
“Debemos señalar que nuestra demanda es basada en que la ley que se aprobó atenta contra el Artículo 240 de la Constitución porque se elimina el juicio civil que actualmente existe para que se restituyan los fondos o aquellos recursos que mal habidamente llegaron a los bolsillos de los funcionarios que no hicieron bien las cosas”, sostuvo Umaña Araujo.
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, lamentó que la ley aprobada no tenga los suficientes elementos para combatir la corrupción, justo cuando se estaban dando pasos importantes en la sección de Probidad de la CSJ.
“Los legisladores que aprobaron esto (Ley de Probidad) lo que buscan es, no solo no darle dientes a la ley, sino cortarle la lengua y la boca. Lo que están buscando de alguna manera, y eso los convierte en cómplices, es evitar los juicios que se comenzaron en la sección de Probidad, tratando que no se prosigan”, sostuvo Rubio.
El miembro del equipo sostuvo que no es casual que los legisladores hayan aprobado la Ley de Probidad con pocos elementos para investigar los casos de corrupción, en vista de que hay varios casos bajo investigación de la CSJ.
“Hay alrededor de 17 altos funcionarios en este momento que están siendo investigados y casualmente viene este retroceso en el momento en que la sección de Probidad, con el apoyo, de Corte Plena, trata de indagar sobre estos casos de enriquecimiento ilícito y llevarlos ante la justicia”, aseguró.
Asimismo, consideró que el hecho de que ahora sea la Sala de lo Civil quien conozca de los posibles delitos de enriquecimiento ilícito no es garantía de que los mismos lleguen a ser investigados, ya que dicha Sala sólo podrá dar un “aviso” a la Fiscalía sobre estos casos.
“Ni siquiera le dan facultad a la Sala de lo Civil, simplemente mandan a la Sala que consideran más cómoda, que es la de lo Civil, para que simplemente dé avisos, ni siquiera para que haga juicios. Quitaron la posibilidad de hacer juicios”, señaló.
Por su parte, Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), hizo votos por que la Sala Constitucional admita la demanda presentada ayer.