El inicio del juicio contra el expresidente de la República, Francisco Flores, podría demorar más de dos meses, debido a las gestiones diplomáticas que la Fiscalía General debe realizar para que seis testigos de Costa Rica estén presentes en la vista pública.
La semana pasada, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador rechazó la petición del Ministerio Público de permitir que los testigos participaran en la diligencia a través de una videoconferencia.
El Tribunal le ordenó a la Fiscalía que costeara el viaje de los extranjeros (quienes son agentes bancarios) para que estén presentes en el juicio.
Julio Zamora, uno de los fiscales del caso, reveló el lunes que aún están afinando detalles y deben discutir el tema con la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.
“Tenemos que hacer las gestiones porque hay que usar canales adecuados, los convenios y las leyes internacionales que facultan este tipo de diligencias… Porque la pregunta es si ellos quisieran venir a nuestro país o si nosotros tenemos cómo obligarlos a venir”, sostuvo Zamora.
Por experiencias pasadas, dijo el fiscal, se sabe que el resultado de una asistencia internacional puede tardar entre un mes y medio y dos meses.
Zamora no respondió si la institución cuenta con el presupuesto para traer a El Salvador a los testigos, porque, según explicó, esa información la manejan a otras unidades de la institución.
Por más de tres horas, el fiscal, junto con otros colegas, se reunió ayer con los diputados Jesús Grande, y los exdiputados César Humberto García y Claudia Ramírez.
Los tres fueron citados en la Fiscalía, por segunda vez, dado que fueron parte de la comisión especial para investigar el destino de los fondos donados por China Taiwán.
La Fiscalía pretende citar como testigos a todos los diputados que eran parte de la comisión que entrevistó a Flores sobre el tema en 2014.
Querellantes piden revisión de la resolución
Mientras Fiscalía y diputados estaban reunidos, los querellantes del caso Flores presentaron un recurso en la Cámara Primera de lo Penal en el que pidieron anular la resolución donde resuelve que el exmandatario no deberá enfrentar el delito de lavado de dinero.
Ese tribunal tendrá que hacer llegar la petición a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La querellante Bertha Deleón dijo que lo que pretenden es que la Sala de lo Penal revise la actuación de la Cámara y decida si se debe o no incluir el referido delito.
La fecha para que inicie el juicio contra Flores también dependerá del tiempo que tome la Sala para emitir el fallo.
Además, Deleón criticó a los fiscales del caso Flores por no convocar a los querellantes al encuentro que tuvieron ayer con los diputados.
“(Los fiscales) están obstaculizando que ejerzamos nuestros derechos como acusadores particulares”, reprochó la abogada.
Los directores ejecutivos de la Iniciativa Social para la Democracia y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho han pedido una audiencia al Fiscal General, Douglas Meléndez, a quien le pedirán que cambie a los fiscales del caso Flores y designe a otros más “objetivos”.