La orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de congelar la nueva Ley de Probidad, que ha sido cuestionada por frenar la lucha contra la corrupción, desató duras reacciones de funcionarios del Ejecutivo.
El Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, acusó ayer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en una entrevista televisiva de tener una “agenda oculta”, luego de que los magistrados admitieran de manera unánime la demanda presentada por varias organizaciones aglutinadas en el llamado Equipo Gestor presentada la semana pasada.
“Parece ser que hay una agenda oculta de la Sala porque no da resoluciones rápidas en algunos temas, cuestionamos que en ellos (los magistrados) pueda existir una agenda sesgada que no favorezca los intereses del país”, enfatizó Chicas.
Por su parte, el Secretario de Gobernabilidad, Franzi Hato Hasbún, quien al tiempo que Chicas era entrevistado en Canal 10, daba su opinión sobre la resolución de la Sala en la entrevista Frente a Frente, de TCS.
En ese espacio televisivo, Hasbún dijo que al suspenderse la entrada en vigencia de la nueva ley de Probidad, el país seguirá normado en el combate a la corrupción de los funcionarios públicos con una normativa que ya no se adapta a la realidad al referirse a la Ley de Enriquecimiento Ilícito que fue derogada para dar paso a la Ley de Probidad, pero que la Sala la puso en vigencia mientras resuelve el caso.
“Ya no vivimos en la década de los 50, hay otras realidades y se tiene que adecuar a esas realidades. Lo lamentable es que seguirá en vigencia una ley con una realidad que ya no existe”, reflexionó Hasbún.
El argumento de los magistrados de la Sala es que si no se decretaba la suspensión del acto reclamado, se ponía en riesgo los efectos de una eventual sentencia posterior.
La Sala consideró válido el alegato del Equipo Gestor de que “en la nueva Ley de Probidad no han sido regulados el juicio civil y la consecuente restitución al Estado”, lo que contraviene el artículo 240 de la Constitución.
Ante este vacío en la nueva Ley de Probidad y que fue sancionada de forma exprés por el presidente Salvador Sánchez Cerén, aún cuando Chicas había manifestado que seguía en análisis, es que el Equipo Gestor, integrado por Funde, Fusades, ANEP y la ISD, interpusieron una demanda en la CSJ. Además existe otro recurso en contra de la ley presentado por el abogado Danilo Vega.
Parte de los razonamientos de la Sala al admitir la demanda de las organizaciones fue “para establecer si dicha omisión de la Asamblea (del juicio civil) obstaculiza la eficaz aplicación de la Constitución, en garantizar la probidad de los funcionarios públicos en el manejo de los fondos del Estado”.
Sobre este aspecto en cuestión, Jackeline Rivera, diputada del FMLN, reaccionó que la Sala no debió detener la entrada en vigor de la ley en su totalidad, sino ordenar a la Asamblea a que legislara sobre ese supuesto vacío legal.
Rivera tildó de “incongruencia” lo que el Equipo Gestor recrimina a la Asamblea de no incluir en la ley el juicio civil, cuando, según dice, la normativa está diseñada en un 60 % con las propuestas del Equipo Gestor y lo del juicio civil tampoco lo propusieron ellos.
“Se pide que se declare inconstitucional por esa posición, porque nosotros en lugar de hacer un juicio de enriquecimiento ilícito, lo que hicimos fue amarrar la ley de Probidad con la Ley de Extinción de Dominio que es más amplia”, mencionó.
De acuerdo a Rivera, lo que no desean sus “detractores” es que se investigue hacia atrás a los funcionarios públicos; sin embargo, el Equipo Gestor cuestiona que en el artículo 49 de la Ley de Probidad se establece que la normativa sólo se aplicará a los casos cuyos juicios sobre enriquecimiento ilícito ya estén en la Cámara de lo Civil respectiva.
Los únicos que a la fecha están en esa fase son los del diputado Reynaldo Cardoza, y del exdirector del ISSS, Leonel Flores Sosa.
Tal como está redactada la ley, los procesos que aún investiga la sección de Probidad, en los que figuran el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, del FMLN, y los expresidentes Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, y Francisco Flores, ya no serían investigados según el Equipo Gestor.
Pero Rivera alega que estos y “los más de 50 mil expedientes” que se están investigando seguirán adelante; “Se presume de pleno derecho que los que están en investigación en Probidad se seguirán sustanciando con la nueva ley”.