El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó una reforma hecha a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización relacionada a beneficios e incentivos para ese sector.
El decreto legislativo 224 introduce una reforma al artículo 54-F de la mencionada ley, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2016 los beneficios e incentivos que los titulares de empresas usuarias de las zonas francas o depósitos gozan, de manera que estos puedan seguir operando. De acuerdo a la reforma, después de dicha fecha, no podrán gozar de estos beneficios.
El mandatario señala que en el marco del acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se concedió a algunos países en desarrollo, entre ellos El Salvador, un plazo de transición durante el cual podían aplicar subsidios a la exportación, el cual no debería exceder al 31 de diciembre de 2015, y que ampliar “unilateralmente” los beneficios fiscales constituye “un incumplimiento a los compromisos internacionales”.
Margarita Escobar, presidente de la Comisión de Economía, cuestionó el veto presidencial porque esas reformas constituían un incentivo a la generación de empleos y consideró que la que tendría que haber vetado era la nueva Ley de Probidad.
Sin embargo, aseveró que estudiará los argumentos del mandatario, pero dijo que a su parecer debió haberla observado y no vetado.
Agregó que como fracción buscarán superar ese veto y recordó que la reforma aprobada en diciembre pasado tenía el apoyo de todos los partidos políticos.
Calixto Mejía, diputado del FMLN, negó que con el veto se bloquee la creación de más empleos y aseveró que si el mandatario no vetaba la reforma el país se vería expuesto a litigios internacionales y al final, en el corto y mediano plazo, se podrían perder miles de empleos.
Piden que Hacienda de informe sobre el IVA
Los diputados tricolores pidieron ayer al pleno que el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, rinda un informe sobre la forma en cómo se está haciendo la devolución del IVA a los exportadores.
Además, solicitaron explicaciones sobre por qué no se han hecho reintegros a las empresas exportadoras y por qué se ha incumplido con el plazo establecido por la ley, que es de 30 días.
“Que explique la forma en que está haciendo la devolución del IVA a los exportadores, una medida que tomó inconsultamente. Él lo que tiene que hacer es aplicar la ley”, afirmó Margarita Escobar.
Aseveran que al no reintegrar el IVA se ha afectado a 2,500 empresas que venden entre el 50% y el 100% de su producción al extranjero.