La misma semana en que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Probidad, diferentes funcionarios públicos han dado sus puntos de vista divergentes sobre lo aprobado en diciembre por la Asamblea Legislativa y sancionado en secreto a finales del año pasado por el Presidente de la República.
Uno de los puntos principales que los demandantes, abogados miembros del Equipo Gestor de la Ley de Probidad, consideran inconstitucional es cómo esta ley le ha restado atribuciones a Corte Plena de ordenar investigaciones a funcionarios que hayan cometido posible enriquecimiento ilícito. Según ellos, esto riñe con el Artículo 240 de la Constitución, que claramente faculta al pleno del Organismo Judicial para estas tareas.
Al respecto, el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, señaló que cuando la Constitución se refiere a la Corte Suprema de Justicia, esta no hace distinciones entre Corte Plena o alguna de sus salas, incluida la de lo Civil, o incluso la misma Sección de Probidad, adscrita al poder judicial. Con esto, Rodríguez defiende lo aprobado por el FMLN, GANA y PCN.
En la entrevista televisiva Frente a Frente, René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, contradijo lo dicho por Rodríguez, y citó el artículo 50 de la Ley Orgánica Judicial, que afirma que “La Corte Suprema de Justicia en pleno, o Corte Plena, estará formada por todos los Magistrados que la conforman, y para poder deliberar y resolver deberá integrarse por el Presidente o quien haga sus veces y siete Magistrados por lo menos”.
“Lo que hace la Ley es que toma las facultades de la Corte Plena y las traslada a la Sala de lo Civil y eso es inconstitucional”, afirmó Portillo Cuadra, rectificando así lo dicho por Rodríguez.