Polémica ha generado la destrucción de 34 documentos, calificados como históricos, en el Ministerio de Economía (Minec), hecho por el cual hay un proceso abierto en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Se trata de resoluciones, acuerdos originales del ramo y decretos, de los cuales el más antiguo era de 1981.
El encargado de Archivo del Minec, Ulises Alexander Carranza, fue quien denunció esta situación, pues asevera que hubo un procedimiento irregular en su ausencia para destruir estos documentos.
Según consta en el expediente NUE 20-D-2015, el 26 de junio de 2015, el demandante recibió una solicitud de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en la que solicitaba el Acuerdo Ejecutivo No. 9 del año 2010.
Pero al buscar dicha información en la unidad para la que laboraba, obtuvo copia de un memorándum del 13 de junio que fue enviado de la gerencia antes mencionada a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, en la que se remiten 34 documentos y 7 libros eliminados, entre ellos el acuerdo No. 9.
En el memorándum, además de enumerar los documentos que se transferían, se establecía por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos que la información que remitían era “documentación histórica” y no simples registros.
Carranza señaló, tanto en la acusación escrita como durante el interrogatorio que se le realizó ayer en el IAIP, que durante los 22 días que permaneció incapacitado fue el responsable del archivo periférico y biblioteca de la Digestyc, Manuel Alfredo Ramírez, quien lo suplió, de manera ad honorem, y que fue él quien ordenó la destrucción de tal documentación.
Ramírez aceptó que dio la orden para destruir dichos papeles, los cuales revisó de manera manual y determinó que se trataban de “libros de control”, lo cual en ningún momento se constituye en documento histórico.
Justificó su decisión al hecho de que tenían más solicitudes para ingresar otro tipo de documentación al archivo y que no había espacio para guardarlos, por lo que avaló dicho procedimiento.
Sin embargo, Carranza asegura que ese no era el procedimiento que debió seguirse, primero porque la labor del encargado de archivo no es destruir documentos sino resguardarlos, y segundo, que según la normativa nacional de archivo, se debe integrar un comité de selección y eliminación de la información.
El oficial de archivo y gestión del IAIP, Óscar Campos Lara, aseveró que el proceso de eliminación de documentación en el sector público no debe ser inventado, pues la normativa antes mencionada es la que establece el procedimiento a realizar: primero, realizar un inventario de los documentos, luego realizar una valoración sobre ellos y finalmente dejar constancia a través de un acta donde se adjunte dicho inventario.
“Todo debe quedar bien documentado, el proceso de eliminación, porque no puedo hacer un proceso de eliminación sin haber dejado ningún rastro ni ninguna evidencia porque eso no es transparente”, apuntó.
Ignoran qué contenían documentos eliminados
La pregunta que todos en la sala de audiencias se hacían, y que uno de los comisionados realizó al denunciante, fue qué información estaba contenida en dichos documentos pero este afirmó no saberlo.
Ramírez, el encargado ad honorem denunciado, alegó que solo se trataba de registros de ingreso.
Sin embargo, Carranza presume que sí contenían información importante, pues tras él haber informado de la situación, primero a su jefe inmediato y luego al titular del Minec, Tharsis Salomón López, no solo le acarreó una amonestación, sino que se le ha trasladado a otro puesto.
Por tal situación, dijo haber puesto la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Dijo en audiencia que a través del abogado de Recursos Humanos del Minec se le dijo que de seguir el proceso ante el IAIP podía ser sancionado un mes sin goce de sueldo o destituido.