Diez días hábiles tiene de plazo la Presidencia de la República para enviar toda la información relativa a los viajes oficiales del expresidente Mauricio Funes y su entonces esposa Vanda Pignato a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De lo contrario, caería en delito.
La Presidencia también debe remitir la información relativa a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el período del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, además de los informes sobre los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas, para el año 2010 y sus prórrogas.
La Sala le recordó que esta es la segunda vez que solicita a la Presidencia de la República, con el fallo emitido el 9 de diciembre de 2015, en el cual se ordenaba que le remitiera la información antes mencionada a la brevedad posible, así como que informara sobre las medidas de resguardo especial y las copias de seguridad.
“En caso de incumplimiento de la medida cautelar o la negativa a informar dentro del plazo indicado, tal comportamiento omisivo podría ser constitutivo de un hecho delictivo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 265 n° 1 del Código Procesal Penal… la Secretaría de este Tribunal deberá certificar lo conducente a la Fiscalía General de la República, para los efectos legales pertinentes”, advierten los magistrados en la resolución.
Esta medida responde a una demanda interpuesta por el abogado Danilo Vega, luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) respaldara la posición de Casa Presidencial de negar la información relativa a los viajes del expresidente y la exprimera dama, Vanda Pignato, entre 2009 y 2014, así como detalles sobre campañas de publicidad y gastos en comitivas internacionales que visitaron El Salvador durante la gestión de Funes, que fue solicitada y apelada por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC), de Funde, señaló que la resolución conocida ayer constituye “una acción destinada a garantizar el derecho a acceso a la información pública de todos los ciudadanos en lo que se refiere al acceso a datos que siempre han sido considerados secretos o confidenciales”.
“La Presidencia sigue con su práctica de no cumplir medidas cautelares. Ahora le han dado diez días hábiles y lamentamos que continúe esa práctica que fortalece el secreto estatal”, afirmó.
Burgos recuerda que no es la primera vez que la Presidencia evita poner en resguardo la información. En la audiencia pública que realizó en diciembre de 2014, el IAIP también mando a Capres poner en resguardo los informes pero nunca dio una prueba de que lo había hecho.
“Lo que pretende es garantizar los efectos del proceso de amparo ante un eventual pronunciamiento favorable al ciudadano que se siente afectado… y bueno, quiere garantizar que en caso, la Sala de lo Constitucional le dé la razón, la información no sea destruida ni alterada”, agregó.
IAIP no tiene informes
En la resolución también se plasma que el Instituto de Acceso a la Información Pública nunca tuvo la información que ha aún continúa siendo reservada.
El suplente del presidente del IAIP, Hernán Alexander Gómez, respondió a la Corte que el Instituto no le requirió dicha información a la Presidencia sino que únicamente le pidió que adoptara acciones para resguardarla, al igual que hiciera una copia de la misma.
A finales de 2012, desde que este Periódico solicitó a través de la entonces Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia de la República (UAIP), detalles sobre el viaje que Funes realizó a Cádiz, España, para el cual llevó una extensa comitiva, la Presidencia colocó en su índice de información reservada, este y otros viajes públicos, y definió que ésta no sería desclasificada hasta 2017.
En 2014, la ALAC de Funde solicitó la información de los viajes realizados por el exmandatario, tanto los costos como la logística de seguridad y transporte, los gastos en publicidad, información relativa a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador e informes de auditoría de diferentes años.
De toda esta información, solo los montos totales de los gastos de publicidad y las auditorías fueron consideradas públicas, pero la presidencia apeló la decisión. Ocho meses después de la audiencia, la Presidencia entregó la información.
Pero ante la negativa de revelar el resto de información, el abogado Danilo Vega presentó una petición de amparo, la cual es la que está analizando en este momento los magistrados.