Mayor efectividad en el control de territorios y en el combate de la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico fue una de las justificaciones que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén dio este viernes al juramentar a los nuevos funcionarios del área de Justicia y Seguridad.
La estrategia se enfocará en diez municipios con los mayores índice de violencia y homicidios y se extenderá a 16 más para un total de 26, afirmó el mandatario.
“Necesitamos un mayor control del territorio, no solo en la disminución de los homicidios si no (alcanzar) mayor control”, subrayó Sánchez Cerén.
Para hacer efectivo estos esfuerzos, el presidente removió a Benito Lara, del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y nombró al director de la Policía, Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde.
En el Viceministerio de Seguridad ubicó a Luis Roberto Flores Hidalgo, mientras que como director de la PNC, nombró al comisionado Howard Cotto.
Sánchez Cerén argumentó que los cambios en Justicia y Seguridad, “no es una simple reorganización, es un nombramiento para tener mayor efectividad en esta estrategia integral de combate al crimen y a las pandillas”.
Con los nuevos funcionarios, el Presidente afirmó que busca resultados inmediatos y si no los hay a fin de año, dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos movimientos en esa cartera de Estado.
Afirmó que se busca eliminar el vínculo que hay entre las pandillas y el narcotráfico, así como el crimen organizado para frenar la escalada que experimenta el país.
Por su parte el ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde reconoció que la violencia, el incremento de los homicidios y las extorsiones están golpeando fuerte a la población.
Como garantía a los salvadoreños sobre su nuevo cargo, Ramírez Landaverde puso su responsabilidad, el compromiso como salvadoreño, su trayectoria como policía de carrera que “ha luchado por tanto tiempo en garantizar la seguridad del país”.
Afirmó que para contrarrestar los altos niveles de violencia, homicidios y extorsiones necesitará no solo de la participación de la Policía, sino de toda la institucionalidad del país, el apoyo de la sociedad civil, la empresa privada y partidos políticos.
“Como ministerio está la responsabilidad y el compromiso de dar todo por lograr esos objetivos, buscar las alianzas, las ayudas, los apoyos indispensables”, subrayó.
Dijo estar consciente que el tema de la violencia, los homicidios ocupan la atención no solo de periodistas sino de los ciudadanos en general y “que opaca, resta importancia, invisibiliza muchos logros importantes, trabajos relevantes y positivo de las instituciones”.
“Estamos plenamente conscientes de las exigencias y expectativas ciudadana: bajar la violencia y vamos hacer de eso la principal tarea, la prioridad más importante. Desde que se firmó el compromiso tenemos la obligación de responderle al país y a los ciudadanos”, puntualizó el nuevo ministro de Justicia.
Entre tanto, el nuevo director de la PNC, Howard Cotto, dijo que su labor consistirá en avanzar en el plan quinquenal “El Salvador seguro”, que resume la voluntad y la propuesta de los diferentes sectores que componen el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Afirmó que el plan establece como prioridad 50 municipios con altos índices de violencia y homicidios; en un esfuerzo no solo de la Policía en el combate de la violencia sino en la prevención de la misma con el concurso de las diferentes instituciones, el apoyo de la sociedad civil y de la empresa privada entre otros.
“No estamos en lógica de negociar con las pandillas sino de lograr desarticularlas pero también articular la red social.”, manifestó el presidente Sánchez Cerén.
Puntualizó que el trabajo de prevención va dirigido a la familia, comunidad y en el que hay que hacer el mejor esfuerzo por articular la red interinstitucional, para una mejor coordinación en los municipios seleccionados.
Más que cambios en el gabinete de seguridad, esperan resultados
Con la juramentación que hizo ayer el presidente Salvador Sánchez Cerén, del nuevo Gabinete de Seguridad, algunos diputados manifiestan que es una decisión “acertada”, otros les dan el “beneficio de la duda”, y que no es cuestión de cambios de personal, sino de políticas efectivas en seguridad, al igual que los empresarios quienes piden que retomen la propuesta que el sector le hizo al gobierno para combatir la inseguridad.
Mientras que la Embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, sostuvo que al igual que apoyaron a los exfuncionarios en el ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil (PNC), lo harán con los electos ayer por el presidente Sánchez Cerén.
Trajo a cuenta que con algunos de ellos ya han tenido un trabajo en conjunto, y puso como ejemplo de ello a Mauricio Ramírez Landaverde, quien de ser el jefe de la corporación policial pasa a ser el nuevo ministro de Seguridad, en sustitución de Benito Lara.
“Los Estados Unidos está totalmente comprometido con el pueblo salvadoreño y lo hace a través del gobierno. Nosotros trabajamos con los ministros de Gobierno y lo hacemos con mucha dedicación y mucho compromiso”, afirmó la diplomática.
Sánchez Cerén informó en la conferencia de prensa brindada ayer en Casa Presidencial que el exministro de Seguridad, Benito Lara, pasa a ser “mi asesor directo” en la Presidencia de la República.
Diferencias de opiniones
Entre los diputados, algunos no se mostraron muy convencidos de que los cambios tengan un efecto positivo, tal es el caso del legislador de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas.
El diputado tricolor criticó que en la Policía el cambio no representa mucho, ya que Howard Cotto fue ascendido de subdirector de la Policía a director de la PNC, ya que Ramírez Landaverde se va al ministerio de Seguridad.
Vargas expresó que lo que se ha hecho es únicamente mover las piezas, pero que los cambios no llegan a lo profundo del problema de la delincuencia.
Tal es el caso de Ramírez Landaverde, de quien dijo es un hombre con formación técnica policial, pero para asumir el cargo de ministro se requieren de otras experiencias que Vargas presume el nuevo funcionario aún no posee.
Añadió que habría que esperar también como se desempeña Ramírez Landaverde, ya que pasará del ámbito técnico en la Policía donde las directrices son casi verticales al espectro político, pero aún así dijo que les daba no el beneficio de la duda sino el “beneficio de la esperanza”.
En tanto que el diputado Almendáriz, del PCN, añadió que el verdadero problema de la criminalidad no tiene que ver sólo con el traslado de funcionarios de un lugar a otro, sino de que el gobierno los deje trabajar.
Según Almendáriz, el gobierno no ha podido frenar la delincuencia, en parte porque no ha permitido a los funcionarios de seguridad implementar planes de trabajo diseñados con base a la experiencia técnica de los expertos en el tema.
Lamentó que a los anteriores titulares se les obligó a aplicar medidas de seguridad emanadas de un plan elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por personas que no tienen experticia en el tema.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, afirmó que la decisión del gobierno fue “acertada”, ya que se ha colocado en los nuevos cargos a profesionales de carrera y respaldó el trabajo que hizo Lara.
Para Roberto Burgos, coordinador de ALAC El Salvador y especialista del área de transparencia, señaló que sigue prevaleciendo el “ensayismo” en la administración del gobierno del FMLN.
“Esa constante a experimentar con el nombramiento de personas que no han dado resultados, que han prometido al ocupar lo cargos, tanto como Manuel Melgar y Benito Lara, le dieron mucha expectativa al derecho de la seguridad…”, explicó Burgos.
Pero lamentó que la aspiración de la población de tener seguridad “es alejada de la realidad”, aunque dijo que habría que dar el beneficio de la duda a personajes como Howard Cotto, el nuevo titular de la PNC, “que ha tenido un historial impecable”.
“Los anteriores han sido ricos en promesas pero pobres en resultados, la población paga las consecuencias”, dijo.
Agregó que hace falta más inteligencia policial, formación profesional y que se debe apostarle a la coordinación interinstitucional y que no sea una acción únicamente para “tomarse fotografías”.
“Se sigue tomando esquemas de policía con esquema comunitario, cuando se tiene pandillas, corrupción y crimen organizado”, acotó.
Por parte del sector empresarial, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, criticó que se “reciclan” personas.
“Vemos funcionarios que llevan años en una institución donde no hemos visto resultados y se reciclan en una institución en vez de buscar a personas idóneas. El gobierno al igual que una empresa tiene que contar con los mejores funcionarios”, aseveró.
Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, les deseó suerte a los nuevos funcionarios, sin embargo, pidió que tomen en consideración el plan de seguridad que el sector privado les propuso.