El gobierno pretende disponer para sus gastos de los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensiones, amparado en una reforma que pretende que se apruebe en la Asamblea Legislativa en los próximos días, denunciaron ayer los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Mario Ponce, del PCN.
Portillo Cuadra, de ARENA, explicó que si se aprueba la reforma el Ejecutivo tendría el control de $4,800 millones, más de la mitad del fondo total de pensiones, el cual asciende a más de $8 mil millones en ahorros de los trabajadores y los intereses que estos han generado.
“Se trata de un chocolate envenenado”, abundó el legislador, porque se disfrazaría de beneficio para los adultos mayores.
Según explicó, aunque hubiera ahorrado mucho más en los fondos de pensiones, cada trabajador recibiría al jubilarse sólo una pensión de 210 dólares si se aprueba la reforma.
“Buscarían envolverla de tal manera que de esos cuatro mil 800 millones le van a dar pensión a los adultos mayores (…) al precio de pagar $200 o $210 de por vida a las personas que cotizaron durante toda su vida productiva, independientemente del salario que devengaron y el tiempo que cotizaron”, explicó durante el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Diputados del FMLN confirmaron ayer esta reforma, a la cual indicaron que le están dando los últimos retoques y con la cual aseguran que buscarían dar una “pensión vitalicia y universal”, sin explicar el origen de esta prestación (leer nota aparte).
El diputado tricolor señaló que la idea equivale repartir pobreza y olvidarse de las personas que han trabajado y ahorrado para una pensión digna. Además advirtió que en países donde se han conducido reformas similares, los sistemas han quebrado pues sus gobiernos han utilizado ahorros de los trabajadores para el gasto corriente del Estado.
El arenero acusó al FMLN de estar actuando como “Robin Hood al revés, quitándole dinero a los pobres trabajadores y dándoselo a los funcionarios de Gobierno para despilfarrar el dinero”.
La propuesta del Gobierno coincide con una apretada situación de finanzas públicas y una crisis de liquidez del sector público, el cual está enfrentando dificultades para pagar sus gastos. Algunos economistas incluso han señalado que el Gobierno ha dejado de pagar a proveedores para no ver aumentado su déficit fiscal.
Incumplimiento de sentencia
Otro tema discutido en la entrevista es el emplazamiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha hecho a la Asamblea Legislativa por no cumplir el fallo que le ordenaba modificar la tasa de interés que el Estado paga por tomar prestado dinero de los ahorrantes.
Este préstamo, canalizado a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, data de 2006 y sirve para cumplir obligaciones de pago del extinto sistema de reparto, que fue sustituido por uno de ahorro individual en 1998.
La tasa que el Estado paga es de LIBOR (una tasa de referencia internacional) más 0.75%, totalizando cerca del 1.5%, lo cual fue determinado ilegal por la Sala de lo Constitucional por violar los derechos de una pensión digna de los trabajadores.
Mario Ponce, diputado del PCNa, afirmó que todos los partidos han presentado sus propuestas y pronto se discutirá una nueva tasa de interés que dé cumplimiento al fallo judicial realizado en diciembre de 2014.
Reconoce que hay propuestas que difícilmente serían aceptadas, como la de GANA que plantea llegar a un 7.9%, pues no sería atractivo para el Gobierno adquirir fondos demasiado caros.
Por ello afirma que es necesario buscar un punto medio entre esta tasa, cercana a la de mercado, y lo que el Goes paga, lo cual califica de “insatisfactorio para los pensionados” y contrario a lo que mandó la Sala.
Portillo Cuadra aclara que al pagar un 1.4% de interés, en lugar del 7% que se le paga a inversionistas extranjeros, equivale a darle al fondo de los trabajadores $500 mil diarios.
Estas tasas más los salarios bajos son las razones de las pensiones tan bajas en el país, puntualizó Portillo Cuadra.