El Salvador continúa estancado en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el nivel de percepción de la ciudadanía sobre esa temática plasmado en un informe de la organización Transparencia Internacional.
Según el documento, el país se ubicó en el lugar 72 de 168 países y obtuvo una calificación de 39 puntos de 100 posibles, la misma de los últimos tres años, lo cual refleja un estancamiento en esta importante temática.
De acuerdo con la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y su Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), esta calificación se relaciona con diferentes casos de funcionarios y exfuncionarios, la poca confianza en las instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas y el aún limitado acceso a la información en el gobierno, en sus instituciones y en el resto de órganos del Estado.
Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, consideró que en la percepción ciudadana también inciden factores como la aprobación de una Ley de Probidad “protectora de corruptos”, el pasado diciembre, y que más allá de ser un “Estado fallido”, en esta materia son los funcionarios los que reprueban en temas como la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.
“Lo que Transparencia Internacional nos está diciendo con su informe es que el país no está haciendo lo suficiente para combatir este flagelo y que los esfuerzos aún no son suficientes, porque las instituciones solo hacen esfuerzos mediáticos, pero no se castiga de forma penal la corrupción, una tarea que debería estar haciendo la Fiscalía”, consideró Rubio.
En este sentido, un aspecto que, a juicio de Funde, es importante sobre la percepción de la corrupción es que hay una deuda con la ciudadanía en temas como esclarecer responsabilidades en el pago de $108.5 millones por la inconclusa presa El Chaparral; la ampliación de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre; las reservas de Casa Presidencial sobre los viajes y los detalles sobre gastos de publicidad durante la gestión del expresidente Mauricio Funes; y la nula respuesta del Ministerio Público en el caso de la compra de terrenos del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
“No se puede hablar en el país del combate contra la corrupción cuando estos casos no son investigados ni judicializados o cuando se tiene a un Tribunal de Ética Gubernamental que no actúa conforme a su mandato, por eso es que el país sigue estancado en el informe”, secundó Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac.
Pese a esto, la organización reconoció el trabajo hecho por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su sección de Probidad y el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), entes que “deben de ser defendidos y fortalecidos”, dijo Jiovanni Fuentes, coordinador del área de transparencia de Funde-Alac.
“Consideramos que si no fuera por el trabajo de estas instituciones, el país estuviera incluso más abajo en esta cifra de percepción. Ojalá sus investigaciones logren que los funcionarios y exfuncionarios investigados por corrupción devuelvan los fondos públicos mal utilizados, sería un importante mensaje ante la comunidad internacional”, enfatizó el analista.
Mientras tanto, el gobierno, a través del secretario de participación y transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que no existe una relación directa entre el acceso a la información pública y la percepción de la corrupción y afirmó que el país “no está estancado” en el índice; también afirmó que se avanzó ocho posiciones a escala global pasando de la posición 80 (en 2014) a la 72.
“Hemos avanzado, el país se está manteniendo en una situación relativamente positiva. El Índice lo que mide es la percepción de la corrupción porque puede haber países con mucha corrupción, pero con bajo nivel de apreciación o viceversa”, opinó Rodríguez y puso como ejemplo a Brasil y Guatemala.
A nivel del continente americano, El Salvador se ubica en la octava posición, debajo de países como Canadá, Uruguay, Chile, Costa Rica y Cuba.
Presidencia sigue ocultando información
Por otra parte, Funde-Alac presentó los resultados del monitoreo realizado entre mayo y diciembre de 2015 sobre las respuestas de diferentes instituciones del Estado en relación a 720 solicitudes de información que ha realizado esta institución acerca de diversos temas.
Al respecto, la Presidencia de la República sigue siendo la institución que más limita el acceso a la información, debido a que las peticiones son objeto de críticas y señalamientos públicos a cargo de funcionarios y exfuncionarios de gobierno, indican.
“Un ejemplo de esto es la manera en cómo los titulares de las instituciones y, sobre todo, los que están en Casa Presidencial califican como opositores a los peticionarios de información, eso lo hemos visto en casos como el de los viajes al exterior del expresidente Funes, o todo aquello relacionado con el quehacer legislativo”, agregó Burgos.
Los otros entes públicos que más limitan el acceso a la información son la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Ministerio de Defensa. En contraste, las instituciones que, según Funde-Alac, han facilitado acceder a la información son el Ministerio de Salud, la Cancillería de la República, la Corte Suprema y el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), este último como ente que resuelve conflictos entre peticionarios de información y las instituciones.
En este contexto, Rubio añadió que existe un abuso en declarar reserva de información y señala que se ha incrementado la cantidad de documentos oficiales que se mantendrán “en secreto” durante los próximos años. También apuntó que no ven procesos de desclasificación de información, pese a que en muchos casos no existen causas para hacerlo.
Funde-Alac ve positivo que instituciones como la Asamblea Legislativa y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) han mejorado y han desclasificado información como el listado de asesores y documentos relacionados a contratos y pagos del proyecto El Chaparral.
Para Funde-Alac el que a nivel global el 68 % de los países incluidos en el Índice 2015 obtuvieran una puntuación inferior a 50 puntos refleja que el problema de corrupción tiene una dimensión mundial, con énfasis en países de Latinoamérica y África.