El Índice de Democracia, elaborado por la unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, califica al sistema político salvadoreño como una “democracia con fallas”, principalmente por sus deficiencias en el funcionamiento del gobierno y cultura política.
Algunos de los datos que The Economist cita para esta evaluación hacen referencia al último proceso electoral celebrado en marzo de 2015, en el que en El Salvador se eligieron diputados para la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, así como alcaldes y sus concejos municipales.
Si bien son bien vistos los avances en reforma electoral, como el voto cruzado y los concejos municipales plurales, los fallos presentados por el Tribunal Supremo Electoral en la tabulación, transmisión y difusión de datos hacen retroceder al país.
En una nota del 6 de marzo de 2015, solo cinco días después del evento electoral , esta revista hizo un balance del mismo, aduciendo que si bien los resultados eran inciertos, ningún partido cuestionó la validez del proceso electoral. Este artículo, junto a otros del mismo tema, fue tomado en cuenta para la evaluación política y electoral de El Salvador.
De acuerdo con el Índice, esos resultados son contrastados con una falta de efectividad en la gestión pública y una falta de cultura política que tenga un impacto positivo en la toma de decisiones.
En su estudio del país, The Economist resalta la pobre satisfacción que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén provoca en los salvadoreños, quienes en su mayoría ven deficiente la administración actual.
Puntualmente, la revista se enfoca en los deficientes resultados en el combate a la delincuencia y la criminalidad en el país. Para señalar eso se basa en un reporte de mayo de 2015 que hace referencia a la pérdida de control territorial por parte del Gobierno, los cuales plantean el creciente poder de las pandillas al incrementar los homicidios, extorsiones y tráfico de armas y drogas.
Esta situación impacta en la cultura política, afirma The Economist, pues existe “una presión política creciente a que el Gobierno adopte medidas más drásticas, incluyendo estados de emergencia”. Además, señalan que esta situación “deteriora el clima de negocios y las posibilidades de crecimiento económico”.
El Salvador cerró 2015 con una tasa de homicidios de 103 por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en el país sin conflicto armado más violento del mundo.
Estos resultados y la inhabilidad de articular políticas públicas eficientes generan un clima de insatisfacción y pérdida de legitimidad en las instituciones del Estado, previniendo así una mayor participación de la sociedad civil en diferentes procesos políticos, lo cual podría alimentar y dotar de credibilidad la toma de decisiones.
Aunado a esto, los escándalos de corrupción a nivel nacional y local ponen en tela de juicio la confianza en un sistema donde no prevalece la meritocracia, sino el tráfico de influencias, y difícilmente los acusados de usos indebidos de fondos públicos llegan a ser juzgados y condenados.
La poca efectividad en políticas públicas y la desconfianza en soluciones institucionales no permiten que la democracia salvadoreña aproveche de lleno sus avances en el sistema de partidos, afirma The Economist.
Este índice evalúa anualmente a 165 países alrededor del mundo para conocer y comparar el estado de su institucionalidad y así poder presentar una fotografía de la democracia a nivel mundial.
Las categorías evaluadas por The Economist son proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Cada sección recibe una nota del cero al 10 (siendo 10 el mayor grado de democracia) y luego se evalúa un promedio ponderado de las mismas para establecer la calificación global del país.
De acuerdo con la calificación obtenida, los países pueden ser clasificados como “democracias totales o consolidadas” si tienen una nota igual o mayor a ocho; “democracias con fallas” si son mayores a seis y menores a ocho; “regímenes híbridos” si obtienen entre cuatro y seis puntos, y “regímenes autoritarios” si su evaluación resulta menor a cuatro puntos.
Tras evaluar estos factores, en 2015 El Salvador obtuvo una nota global de 6.64, que lo coloca en el puesto número 61 de los países evaluados y entra a la categoría de “democracias con fallas”.
Esto significa que, si bien el país es visto como una democracia, aún hay áreas en las que la institucionalidad se mira amenazada por mala ejecución de políticas públicas y una pobre dinámica de participación ciudadana, lo cual debilita la legitimidad en la toma de decisiones.
Entre los puntos destacados de El Salvador, el informe resalta el pluralismo político existente. Argumenta que la coexistencia pacífica de partidos políticos con diferentes formas de pensar y la participación de ellos en procesos electorales mayormente libres y confiables, salvo fallas técnicas y pequeños déficits en administración de justicia electoral, aportan a una calificación positiva en la primera variable estudiada.
Retos similares en Latinoamérica
Según el Índice de la Democracia, la situación que El Salvador enfrenta no dista mucho de la que viven los países de América Latina.
En general, la región ha registrado avances en la madurez de los sistemas políticos, salvo excepciones como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, los cuales son evaluados como “regímenes híbridos” y no como democracias. Cuba y Haití son clasificados como “regímenes autoritarios”.
El informe señala que los avances en el resto de países se ven mermados por una mala gestión gubernamental y por la corrupción, que drena los recursos de los sectores públicos de cada país y hace perder la credibilidad en la región, incluso en países con instituciones tradicionalmente sólidas como es el caso de Chile.
El único país de la región clasificado como “democracia total” es Uruguay, con una nota global de 8.17 y excelentes resultados en pluralismo político y libertades civiles.
El país sudamericano se ubica en la posición 19 del mundo.