Al conocerse por boca de testigos criteriados que en la tregua hubo más beneficios para los pandilleros de los que ya se conocían anteriormente, y que algunos de ellos podrían ser constitutivos de “delitos”, la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, pidió ayer que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial que investigue cuál fue el canje que hubo entre mediadores y las maras.
“Es algo que el país necesita saber, ¿qué negociaron?, El Salvador necesita saber a cambio de qué (fue la tregua) qué les dieron, no es posible que El Salvador esté cada día sufriendo, las familias destruyéndose por la muerte y la violencia que está arrasando con todo El Salvador y no sabemos qué es lo que hubo, no se está acusando a nadie, pero los salvadoreños queremos saber en qué consistió”, reflexionó Valdivieso.
La iniciativa de ARENA será analizada por el resto de partidos según manifestaron ayer los diputados de la comisión de Seguridad de la Asamblea, excepto el FMLN.
Sin embargo Misael Mejía, del partido efemelenista, es de la idea, al igual que sus colegas de los otros partidos, de que la Fiscalía está “obligada” a investigar qué pasó realmente en la denominada “tregua” pactada en la administración del expresidente Mauricio Funes.
Así opinaron los diputados de todos los partidos políticos al valorar la información que algunos de los testigos criteriados brindaron en el proceso penal que el Tribunal Antimafia de Sentencia C lleva en contra de 79 pandilleros acusados de haber cometido varios delitos y que fue revelado ayer por La Prensa Gráfica.
Algunos de los beneficios de los que gozaban los grupos pandilleriles en las cárceles, a cambio de la denominada “tregua”, ya se conocían, dice Rodrigo Ávila, de ARENA, como un “secreto a voces” y en “páginas de Facebook” de los mismos pandilleros que subían fotos de que en sus celdas tenían televisores, celulares y toda variedad de equipos de informática a su disposición.
“Todo esto no es nuevo y hoy se está corroborando lo que ya se sabía”, lamentó.
Recuerda que el resultado de que las maras tuvieran mayor acceso a la tecnología desde las prisiones, incluso hasta tener “repetidoras para wifi” fue el incremento de las extorsiones. “El daño ya está hecho, hoy que se deduzcan las responsabilidades del caso”, aseveró.
Mejía, del FMLN, trajo a cuenta que el exfiscal Luis Martínez había iniciado una investigación, por lo que consideró que ahora “debe estar en manos” del nuevo fiscal, Douglas Meléndez.
Y añade que por esta razón no estaría de acuerdo con ARENA de crear una comisión especial, porque el caso ya estaría judicializado y la Asamblea no tendría que intervenir en el proceso.
Mejía también reflexionó que lo dicho por los testigos criteriados “no hay que agarrarlo como santa palabra”.
Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua, secundó a Mejía y cuestionó que se le está dando validez a una fuente que está “muy desprestigiada” y que la información es “tendenciosa”.
“Por Dios Santo, ellos le daban validez (a los testigos criteriados) y ahora se contradicen”, espetó Valdivieso al conocer las opiniones de Mijango y de Mejía.
Pero los diputados no concuerdan con la posición de Mijango. Guillermo Gallegos, de GANA, fue uno de ellos, quien dijo que además de analizar la solicitud de ARENA de crear una comisión especial, los protagonistas de la tregua deben aceptar su “mea culpa” y admitir que se “equivocaron”, aunque haya existido buena fe, expresó.
“Nosotros vamos a estudiar la propuesta (de ARENA), no la podemos descartar, pero como digo, no sé si vale la pena sancionar a estas personas, yo en el fondo para ser sincero, siempre nos opusimos y rechazamos la tregua, porque con delincuentes no se negocia”, afirmó Gallegos.
En la buena fe de los mediadores coincidió también el pastor Mario Vega, de la Iglesia Elim y miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que solicitó que sea mejor la Fiscalía la que indague qué pasó.
Rodolfo Parker, del PDC, dijo que la información revelada por testigos criteriados lo había dejado un “poco asustado”, y recriminó que la tregua no “fue transparente” y que ante esto, se trató de un proceso “ilegítimo”.
En cuanto a la comisión que pide ARENA, dijo que la revisarán. El PDC no quiere prestarse a “comisiones que sean de persecución política”, esgrimió, y que por eso no estuvo en las de Fondos Taiwán y CEL-Enel.
De “preocupante” tildó Antonio Almendáriz, del PCN, los detalles que revelaron los testigos criteriados e instó al gobierno a aclarar el caso. Dijo que pedirán a la FGR investigar antes de crear una comisión especial.