El deterioro y la contaminación de los recursos naturales -agua, aire, bosques- nunca ha figurado en la lista de mayores preocupaciones de los políticos ni de los ciudadanos salvadoreños. El único juez ambiental en El Salvador, Samuel Lizama es consciente de ello.
Quizá por eso, a pesar de que, según su opinión, en el país se cuenta con las instituciones necesarias para proteger el medioambiente todavía cree que falta que esas instituciones “funcionen”.
En palabras de Lizama: “Una cosa es que existan las instituciones y otra cosa es que funcionen para lo que existen. En ese sentido creo que el nivel básico de institucionalidad ambiental lo tenemos: alcaldías, MARN, MAG, juzgados ambientales. De lo que se trata es de que funcionen como instancias para las cuales la ley asigna competencias”. Por ello, considera importante definir “el perfil del funcionario que se quiere para hacer efectivo el cumplimiento de la ley”.
En todo caso, el juez ambiental cree que en el país se tiene “lo básico como para lograr importantes efectos” en el medioambiente. Esos efectos deberían verse traducidos en acciones coordinadas y verificadas de reforestación, gestión de los recursos hídricos y manejo adecuado de la basura.
Lizama considera que todo ello no solo es labor del Ministerio de Medio Ambiente, sino también de las alcaldías, de los ciudadanos y de la empresa privada.
Una de las mayores deudas que El Salvador necesita saldar con el medioambiente este año es una ley que facilite la adecuada gestión de los recursos hídricos.
En su opinión: “La misma crisis debida al Cambio Climático y los impactos que tiene en el país harán cada vez más necesario el hecho de que se apruebe una Ley General de Aguas”. Para Lizama, esto será cuestión de tiempo, pues “no nos podemos estar quedando al margen de las necesidades de regulación y de gestión”.
Pero el juez es consciente de que tener una ley no es suficiente. El más claro ejemplo lo ve en la inoperancia de los controles de emisión de gases. El Reglamento General de Tránsito estableció, en 1996, límites para las emisiones y los ruidos generados por los vehículos. Pero, en la práctica, exceder esos límites no tiene consecuencias debido a un proceso jurídico aún no resuelto.
Al respecto afirma: “Las instituciones pueden existir, pero no asumen los roles que la ley les asigna”.
El Marn cuenta con equipos que permiten medir qué tan contaminado está el aire, pero de poco sirve esa información si se hace nada al respecto. Lizama espera que el país no tenga que llegar a los niveles de China para tomar acciones. Por eso, su tribunal espera poder tomar una decisión jurídica “que tenga que ver con la contaminación del aire”, en los primeros meses de este año.
Sin acción para cuidar la calidad del aire
El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas (Iras) atendidas fue de 143, 901 el año pasado, según el Ministerio de Salud. Hasta el 19 de diciembre se habían acumulado 2,014 ,613 de Iras.
El promedio semanal de neumonías fue de 3,160 y el acumulado al 19 de diciembre fue de 44,233. Por esta causa, murieron 688 salvadoreños en 2015, 67 más que en 2014. Aunque el número de muertes no se asemeja a las que deja la violencia, las infecciones respiratorias y las neumonías son juntas la mayor causa de consulta en el sistema público de salud. Además dejan secuelas, como enfermedades crónicas, y restan recursos y productividad a las personas y a las familias. En suma:_descuidar la calidad del aire resta productividad al país y calidad de vida a la población. Por ello, Lizama cree necesario tomar acciones lo más pronto posible y no llegar a los niveles de contaminación de países como México y China.
Ya casi se cumplen 20 años de que se aprobó en la Ley General de Tránsito y en su Reglamento el límite para las emisiones de los vehículos. Pero un proceso jurídico inconcluso imposibilita que ese artículo se esté cumpliendo.
Sí, es lo que yo le decía. Las instituciones pueden existir pero no asumen los roles que la ley les asigna. Esto es bien importante, que en materia de control de la contaminación se adopten las medidas que la misma ley establece. Hoy incluso tenemos mecanismos cómo medir las emisiones, la calidad del aire en San Salvador. Tenemos información científica actual que nos puede indicar cómo está la situación nuestra. Esperemos no llegar a los niveles de China. Por ejemplo, para Navidad tuvieron que cerrar el aeropuerto (…) Ojalá que no esperemos llegar a eso y que las instituciones empiecen a funcionar. Nosotros, como tribunal ambiental tenemos a la vista un estudio en base al cual, los primeros meses de este año, podamos tomar una decisión jurídica que tenga que ver con la contaminación del aire.
Reforestar urge tanto como cuidar el clima
Evitar que el alza en la temperatura global no supere los 2 grados de aquí a finales de siglo es la meta global. Pero El Salvador y el resto de países Centroamericanos poco tienen que aportar a este objetivo. Sí, el país es uno de los más impactados por las consecuencias del Cambio Climático, necesita adaptarse, pero esta no puede ni debe ser su única prioridad ambiental.
El juez Samuel Lizama, el único juez ambiental que tiene El Salvador, considera necesario trazar prioridades locales y atenderlas… no solo en el papel sino con acciones concretas.
¿Cree que el Cambio Climático no puede ser una prioridad nacional?
Sí, nosotros, incluso a nivel centroamericano, captamos el 0,2 % de todo lo que implican las emisiones de cambio climático.
Entonces, nuestra capacidad de afectar en términos de Cambio Climático es bien limitada como Centroamérica. Pero sí somos impactados por los efectos producidos por los grandes países. Nuestra capacidad de incidencia a ese nivel es menor a nivel global.
Pero a nivel nacional tenemos varias cosas que podrían considerarse prioridades. Una, la protección del recurso hídrico. También el tema forestal es un tema importante.
En El Salvador solo queda más o menos 26 % de recursos forestales y eso incluye los cafetales, ya que estamos más de un 70 % deforestados con una condición ambiental crítica en comparación con otros países.
Después de Haití somos el país con mayor nivel de afectación ambiental. Hay áreas que son prioritarias en términos de recursos y en términos de gestión ambiental.
El recurso hídrico necesita gestión
El gobierno, ambientalistas y agricultores han propuesto proyectos de ley de agua, pero ninguno ha sido aprobado.
Sin entrar en la discusión sobre si el ente rector debe ser estatal o autónomo, Lizama cree que el impacto del Cambio Climático obligará a los políticos a ponerse de acuerdo y a aprobar un proyecto que sirva como instrumento para la gestión integral de los recursos hídricos.
Él ha sido testigo de primera mano del deterioro de las cuencas hidrográficas y de la desaparición de algunos ríos.
En lo que respecta al agua ¿qué sería lo más urgente?
Creo que el tema de agua, en nuestro medio, es un tema de gestión. Nosotros, como país tenemos buena recepción de agua, cantidades de precipitación que permiten con una adecuada gestión se puede mantener el recurso hídrico.
También sufrimos los impactos del Cambio Climático. Por lo mismo debe urgir aquí que se tomen decisiones de gestión de recurso hídrico.
En mi experiencia, hemos andado en todo país, 28 municipios, y hemos visto que las cuencas hidrográficas, además de estar disminuidas en sus caudales, algunos ríos incluso secos y además de eso están contaminados.
Creo que esto es una prioridad nacional que tiene que ver con supervivencia.
¿Cree que los políticos deberían involucrarse más en este tema?
Sí, tenemos una comisión de Medio Ambiente y de Cambio Climático en la Asamblea. Creo que en el ámbito que corresponde a la Asamblea Legislativa (…) hay una importante labor que se puede realizar en términos de adecuar la legislación de este país en clave de protección del medio ambiente.
Hay leyes nuestras que han sido aprobadas en el pasado y están vigentes pero que no han sido creadas con una lógica de protección del medio ambiente.
Las leyes y los entes estatales no bastan
Funcionar. Eso es lo que según el juez ambiental Samuel Lizama le hace falta a las instituciones responsables de velar con la conservación, restauración y buen uso de los recursos ambientales en el país.
Las leyes y reglamentos ambientales necesitan instituciones capaces de velar por su cumplimiento.
El crimen organizado, reconoce Lizama, suele estar detrás de delitos ambientales como el tráfico de especies -flora y fauna- en peligro de extinción.
¿Tenemos la institucionalidad necesaria para proteger el medio ambiente o nos faltan instrumentos?
Yo creo que tenemos lo básico como para lograr importantes efectos. En términos de creación. En términos de funcionalidad creería que las cosas son distintas. Una cosa es que existan las instituciones y otra cosa es que funcionen para lo que existen. En ese sentido creo que el nivel básico de institucionalidad ambiental lo tenemos: alcaldías, MARN, MAG, juzgados ambientales. De lo que se trata es de que funcionen como instancias para las cuales la ley asigna competencias.
Esto ya trasciende otro ámbito y es la escogitación del perfil del funcionario que se quiere para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
¿Existe alguna relación entre narcotráfico y delitos ambientales?
Creo que sí. El crimen organizado permea todas las áreas de la vida de un país. El crimen ambiental es un crimen esencialmente económico. Siendo un crimen esencialmente económico, definitivamente que hay importantes incursiones del crimen organizado en crímenes ambientales.