Efectividad en la seguridad pública es lo que pide la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y la Asociación de Transportistas Públicos (ATP) con la entrada en vigencia del nuevo impuesto a la seguridad.
El presidente de AEAS, Genaro Ramírez, expresó que con el cobro de este impuesto, el Estado está obligado a garantizar aún más la integridad del sector de transporte y de la población en general.
“Con estos impuestos que ya pagamos deberían de proteger a todos los salvadoreños, no solo a los 36 unidades del Sitramss como está sucediendo en este momento”, comentó Ramírez.
El empresario declaró que solo en este año han fallecido al menos 87 empleados del transporte público por la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para palear la violencia y delincuencia;mientras que en las unidades del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) agentes de seguridad pública se encuentran de forma permanente para dar protección a las personas que se trasladan, aunque no sean propiedad del Estado, reclamó el transportistas.
Además, Ramírez opinó que la “contribución” a la seguridad vendrá a recargar otras tasas que actualmente pagan en compra de equipos y vehículos.
“Nosotros deberíamos estar exentos del IVA, pero lamentablemente nosotros pagamos IVA por todos los insumos que compramos”, añadió Ramírez.
Según el presidente de la ATP, Roberto Soriano, la situación tiende a empeorar para el sector, debido a las altas sumas de extorsiones que han tenido que desembolsar para pagar las extorsiones a las pandillas.
Solo en este año, el gremio ha pagado $35 millones en concepto de extorsión, denunciaron. Incluso, debido a las festividades navideñas y de fin de año, Soriano declaró que las pandillas han solicitado adelantos de las extorsiones de octubre, noviembre y diciembre y sumado a ello un “aguinaldo”.
Soriano planteó que aunque algunas rutas tienen pocas unidades no están exentas de cancelar elevadas montos de las extorsiones, ya que algunas ocasiones deben cancelar a diferentes grupos delincuenciales.
“Hasta $25 mil puede llegar a pagar un empresario de transporte durante este año por una unidad, solo por una (…) ya no digamos a los empresarios que tengan bastantes”, agregó.
Los representantes de las dos asociaciones esperan que además de contar con efectividad en las acciones para combatir la delincuencia, también se les pueda liquidar subsidios al pasaje que han quedado retenidos por parte de Gobierno.
Así, podrían invertir en mejoras a las actuales unidades de transporte que necesitan mantenimiento, declararon los empresarios.