Con 72 votos, la Asamblea Legislativa ratificó ayer un préstamo por $32 millones con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) para financiar el proyecto de “Construcción y Equipamiento del Edificio para Oficinas de diputados y Grupos Parlamentarios”.
Se prevé que las nuevas instalaciones comiencen a construirse en enero del próximo año en un predio contiguo a la Asamblea que desde hace años está en abandono y es conocido como La Pirámide.
ARENA se había negado a dar sus votos en la legislatura pasada para autorizar al gobierno a negociar la deuda. Pero según Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada arenera, después de conocer el informe preliminar de una consultoría contratada por la Asamblea se cercioraron de que el estado físico del actual edificio, donde están todas las oficinas de los grupos parlamentarios, está en riesgo de sucumbir ante un nuevo terremoto.
La legisladora tricolor dijo que la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, les ha dicho que deben buscar sitios para alquilar donde puedan ubicar las oficinas de sus diputados, porque en enero del próximo año lo más seguro es que tendrán que emigrar a otros edificios.
Sin embargo, de Escalón criticó que parte del daño que el Palacio legislativo presenta, de acuerdo al análisis que hizo el especialista Héctor David Hernández Flores, se debe a la “sobrecarga” que tiene el edificio y no sólo a los embates de los sismos del 10 de octubre de 1986, y los del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.
De acuerdo al diagnóstico y reforzamiento estructural del edificio de la Asamblea presentado por el consultor, se deduce que “han existido modificaciones arquitectónicas en el edificio, siendo una de las más importantes el haber colocado piso de cerámica sobre el piso existente”.
Según el reporte presentado por Hernández Flores a la Junta Directiva, con fecha 3 de noviembre de 2015, “el incremento en peso incide grandemente en un incremento en el peso del edificio, lo cual incrementa el peso sísmico, situación que no es favorable”.
Anteriormente, la Asamblea ya había realizado sendos diagnósticos para evaluar el estado de las instalaciones, pero los diputados no se habían convencido del “peligro” que hoy significa estar dentro de la Asamblea, especialmente, en el área destinada a las oficinas de los legisladores.
“Este ingeniero ha dado un dictamen totalmente preocupante del edificio en el que estamos todos los grupos parlamentarios, el de comisiones está libre, este del Salón Azul también porque se hizo con todas las adecuaciones necesarias, pero el de las oficinas está en situación de peligro”, reflexionó De Escalón.
El dictamen del préstamo fue introducido ayer con modificación de agenda durante la sesión plenaria. Peña externó al momento de leerlo que “estaba pensando como explicar el préstamo, sin meter pánico”, por las condiciones en que el informe técnico dice que se encuentra el edificio.
Hernández Flores menciona en su diagnóstico que cuando se diseñó el Palacio Legislativo en 1968, su construcción obedeció al Reglamento de Emergencia de Diseño Sísmico que fue adoptado tras el terremoto del 3 de mayo de 1965.
Agrega que las disposiciones contenidas en esa normativa eran las del Reglamento de Acapulco de esa época, “cuyas condiciones sísmicas son muy diferentes a las de El Salvador. El Reglamento de 1966 fue actualizado después del sismo del 10 de octubre de 1986”.
A eso se suma, según la diputada De Escalón, que el incremento de carga en nuevo personal contratado por todos los grupos parlamentarios y el equipo que han traído para atenderlos ha complicado más la susceptibilidad del edificio legislativo.
“Es un edificio que le han metido peso exagerado por la cantidad de personal que cada uno de los grupos parlamentarios tiene y tras de eso todo el equipamiento de cada uno de ellos que han entrado”, indicó De Escalón.
Sin embargo, los fondos del préstamo aprobado ayer no se tocarán para reparar las instalaciones, según lo expresado por el diputado Guillermo Gallegos, de GANA.
“Ya veremos”, respondió a la pregunta de qué partida saldría el dinero para restaurar parte del Palacio legislativo.
Sin embargo, en septiembre de este año cuando la Asamblea aprobó su propio presupuesto para funcionar en 2016, el cual asciende a $59 millones, se contempló un incremento de casi medio millón de dólares.
De ese monto, $400 mil servirán para instalar el aire acondicionado en el área de las comisiones de la Asamblea y $100 mil más para reparar los daños estructurales causados por los terremotos.
En ese entonces, Peña agregó que también cambiarán el tablero de votación electrónica en el pleno, que darán equipamiento a la Villa Dueñas, que realizarán mejoras a la radio legislativa y que abrirán una nueva oficina regional.
Cuando la Asamblea adquirió la Villa Dueñas, a un costo de $4 millones, cuando el exdiputado Sigfrido Reyes, era presidente de la Asamblea, lo hizo con el propósito de trasladar varias dependencias legislativas a ese lugar. A la fecha no se ha hecho.