La maquinaria dejada por Astaldi es un nuevo motivo de disputa entre la firma italiana y la paraestatal salvadoreña Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que reclama la propiedad de esos bienes.
El pago de $108.5 millones hecho por la CEL a la Astaldi en 2012 como parte de un “arreglo directo” para liquidar el contrato de la presa El Chaparral, incluyó el reconocimiento de más de $12 millones por maquinaria y equipos que dejó la firma italiana, los cuales aún se mantienen en el sitio del proyecto embargados por el Juzgado de Paz de San Luis de la Reina, en San Miguel.
Esta cifra es confirmada en el informe de valuación económica de obras civiles, bienes y servicios de El Chaparral, elaborado por el asocio para la supervisión Euroestudios-Ingetec en mayo de 2012 a petición de la junta directiva de CEL para “respaldar” el arreglo directo entre la autónoma y el contratista.
Según el documento, en poder de El Diario de Hoy, el valúo hecho por las empresas supervisoras incluye los equipos hidromecánicos de la obra y “diferentes facilidades”, como la formación de patios de plantas industriales, planta de trituración de agregados, planta de concretos, campamentos e instalaciones provisionales.
Todo esto suma $12 millones 168 mil 709 que forman parte de los costos que reconoció la CEL al respecto en este rubro, según el documento base para el arreglo directo.
Adicionalmente, hay $47 millones 139 mil 417 que corresponden “solo a las obras realizadas”, lo que según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) es lo único que se debe reconocer cuando hay una liquidación por arreglo directo.
Aunque, en el acta que acompaña al arreglo directo del 11 de julio de 2012, Astaldi reconoce que la inversión de El Chaparral asciende a $85 millones, “según la cuantificación de la obra”.
Este documento fue firmado por Leopoldo Samour, expresidente de la CEL, y Mario Pieragostini, apoderado legal y director de país de Astaldi, y en él se reconoce el valúo de la supervisión y las recomendaciones de informes de la Corte de Cuentas de la República por parte del contratista para vincularlo con el acuerdo de arreglo directo.
Pero estos datos contrastan con lo afirmado por un representante de Astaldi que reclama la propiedad de ese equipo y que lo demostrarán a la CEL.
El apoderado de CEL, Óscar Lara, dijo el pasado 26 de noviembre en la entrevista televisiva “Frente a Frente” que, según documentación relacionada con la obra en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), Astaldi no puede desconocer el contenido del arreglo directo y el valúo, ya que lo firmó Pieragostini y que no puede alegar “ignorancia” al respecto.
“Quedó una cláusula donde decía que esos bienes podían ser arrendados en un futuro, que ya habían sido pagados. El presidente de Astaldi reconoce en las actas que el valúo hecho por la supervisión tomaban en cuenta esa maquinaria”, afirmó Lara.
Se refiere a la cláusula cuarta del arreglo que dejó abierta la posibilidad de que CEL y Astaldi negociaran, durante los 60 días posteriores a la firma del acuerdo, “un contrato de arrendamiento con opción de compra”, el cual nunca se celebró, y obligaba a que en 90 días a partir del fin del plazo de negociación “se retiraran los equipos e instalaciones”.
Pero a la vez se contradice esta cláusula: “Es entendido que durante todo el tiempo, en tanto y en cuanto no se firme el contrato de arrendamiento y durante el retiro, si fuera el caso, Astaldi asume el riesgo de las instalaciones como dueño de las mismas”.
Pese al pago del equipo, Samour envía el 12 de diciembre de 2012 una carta a Pieragostini donde se le confirma que no se accederá al arrendamiento de maquinaria y equipo “propiedad de Astaldi” y que por lo tanto el excontratista los podía retirar.
En respuesta, el 17 de diciembre del mismo, Pieragostini insistió en la propiedad de Astaldi de la maquinaria y equipos y pide que continúe en el sitio “porque no interfieren con las actividades de construcción de las obras de la presa hidroeléctrica”.
“Sometemos a su consideración que se nos permita, hasta en tanto se vuelva absolutamente necesario, por así convenir a los intereses de CEL o de un nuevo contratista (…), la permanencia de los bienes en el sitio del proyecto”, responde Astaldi en una misiva que facilitó una fuente de la empresa italiana.
Lara sostuvo en la entrevista televisiva que la nueva Junta Directiva de la CEL, presidida por David López Villafuerte, revisó el arreglo directo y encontró irregularidades en dicha cláusula y decidió emitir un acuerdo para proteger la maquinaria y el equipo en poder de la autónoma.
“A la luz del nuevo proyecto, vimos cuál era la situación jurídica de esos bienes, y al detectar esa irregularidad, emite la Junta Directiva actual de la CEL un acuerdo que mandata que esos bienes sean jurídicamente defendidos”, manifestó el jurista.
La Fiscalía ya había advertido este hallazgo
En junio pasado, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la FGR, Andrés Amaya, confirmó que el juzgado de San Luis de la Reina inmovilizó “una grúa grande, una trituradora y una concretera” que son propiedad de Astaldi.
Además, el investigador dijo a este periódico que la firma italiana pidió al tribunal que se le permitiera sacar los bienes del proyecto, pero no está claro si le pertenecen porque aparecen contabilizados en el valúo que realizó la empresa supervisora para determinar el avance de construcción dejado por Astaldi.
“Como iba incluida en el valúo se supone que fue pagada la maquinaria, pero también los italianos la están respaldando como si fuera de ellos. Esto sigue en investigación”, indicó Amaya.
Se desconoce cuándo el juez liberará estos bienes, los cuales, según López, CEL no los utilizará para retomar la construcción de la presa El Chaparral en el oriente del país.