Asegurar directamente, en la Constitución de la República, que se garantizará el cumplimiento del acceso a la información pública es uno de los principales objetivos del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por lo que tiene previsto proponer una reforma a la Carta Magna con este fin.
Asimismo, los impulsores de la LAIP prevén para 2016 proponer una serie de modificaciones para dicha normativa legal. Estos anuncios fueron dados ayer en el marco de la semana por la Transparencia y lucha contra la Corrupción, donde se realizarán ponencias desde este día y concluirán el próximo viernes.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, afirma que actualmente tal derecho viene derivado del artículo 6 el cual se refiere al derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, para evitar sorpresas en el futuro y que se debiliten los instrumentos legales, es preferible que quede textualmente plasmado en la Constitución.
“Debemos ver en este año 2016, debemos trabajar en cómo fortalecemos y mejoramos la Ley de Acceso a la Información porque se han visto algunas áreas que creemos que hay que fortalecer”, manifestó.
Aseveró que aún existe riesgo que se quiera restar facultades al mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tal como se intentó ejecutar, en un par de ocasiones desde la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, resaltó la necesidad de cerrar todos los portillos que usan algunos funcionarios públicos para retrasar o no entregar la información que solicita la población.
Por ejemplo, fortalecer la estabilidad de los oficiales de información, limitar los espacios para que no existan discrecionalidades de parte de los aplicadores y, principalmente, evitar los abusos en declarar reservada la información pública.
Castro recordó los casos como la solicitud de los viajes del expresidente Mauricio Funes, así como los detalles de los gastos en publicidad de Casa Presidencial y también la de algunos contratos de empresas que participaron en la transmisión de resultados electorales.
También plantearán eliminar el requisito de solicitar el documento de identificación personal, pues esto de alguna manera inhibe que los personas acudan a las instituciones y pidan la información.
Manifestó que en la LAIP se establece que la máxima publicidad de los datos públicos es la regla y la reserva, la excepción. Pero en la práctica pareciera que fuera todo lo contrario, aseguró.
Destacó la importancia de tener transparencia para combatir la corrupción, lo cual, asegura, no solo debilita a las democracias sino que tiene un gran impacto en el desarrollo económico y social de los países.
Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó que hay argumentos de los cuales los funcionarios públicos están abusando para no entregar la información.
Ejemplo de ello es decir que hay un proceso judicial o administrativo abierto, para justificar el negar la información que es pública y que no está en los índices de información reservada.
Serafín Valencia, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), señaló que hay instituciones que piden documentos con una redacción determinada, firma y sellos, requisitos que no son exigidos por la LAIP.
Afirma que esto ya es motivo para denunciarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Rubio coincide con Valencia y añade que este es uno de los factores que abonan para que siga el temor en alguna parte de la población por solicitar información pues creen que habrá represalias si lo hacen.
Agregó que incluso hay oficiales de información que desconocen qué es lo que tienen que brindar porque no han leído la legislación e incurren en faltas a la LAIP.