El Instituto de Acceso a la Información abrió un expediente sancionatorio contra el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la oficial de Información y el jefe jurídico de esa institución por negar el acceso a documentos en el caso judicializado de la construcción del bulevar Diego de Holguín a una persona que lo había solicitado.
De acuerdo a la resolución, en poder de El Diario de Hoy, NUI255-A-2015 con fecha 1 de diciembre pasado, el Instituto resolvió abrir el proceso de sanción debido a que los funcionarios, en especial la oficial de Información del MOP, Liz Marina Aguirre Miranda, negó lo solicitado sin haber causa legal para su no divulgación, así como el Ministerio de Obras Públicas no invocó ninguna causal de reserva u oposición legal para negarse a entregar la documentación solicitada, detalla la resolución del Instituto.
La resolución fue emitida a principio de diciembre y luego de ser notificada le concede un plazo de siete días hábiles a los tres funcionarios para que, en forma individual, presenten sus argumentos de defensa.
Se trató de obtener el punto de vista de los tres funcionarios señalados, pero al cierre de esta nota no fue posible que ellos dieran una respuesta al respecto.
El Instituto en su escrito designa, además, a la comisionada María Herminia Funes de Segovia, para que en un plazo de 15 días al admitirse el recurso, dé el trámite correspondiente, forme el expediente y recabe las pruebas del caso, a fin de elaborar un proyecto de resolución para que sea planteado al interior de ese organismo.
De acuerdo al desglose de los señalamientos por funcionario, la mayor parte recae contra la oficial de Información del MOP, Liz Marina Aguirre Miranda, quien es señalada por presunta negligencia en la tramitación de las solicitudes; negarse a entregar la información que no ha sido clasificada como reservada o confidencial; ampliación indebida en los trámites de acceso por causas que carecen de verosimilitud o motivación.
El Instituto señala también al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez (Manuel Orlando Quinteros Aguilar) por el presunto cometimiento de elevar el costo de reproducción (de la información) sin justificación alguna, contenida en la letra “b” de las infracciones leves Art. 76 de la LAIP.
Mientras que el gerente Legal Institucional del MOP, Marco Julio Iraheta Hernández, es señalado por el supuesto a negarse a entregar información que no ha sido clasificada como reservada o con carácter confidencial, Art. 76 infracciones graves.
El proceso sancionatorio inició luego que el 9 de noviembre Óscar Francisco Velásquez González interpuso un recurso de apelación contra el oficial de Información del MOP luego que el 30 de octubre pasado solicitó diferente información que forma parte del proceso judicial.
Entre la información solicitada están los documentos de la licitación pública, anexos y procedimientos sancionatorios, así como aquellas resoluciones modificativas y comunicaciones del MOP del contrato No.066/2005.
También los documentos o informes que elaboró la unidad de Auditoría Interna del MOPsobre el asocio temporal Copreca-Linares.
Así como todas las comunicaciones entre el MOP y la Corte de Cuentas sobre la construcción de la carretera.
Además, pidió copia de los documentos y folios remitidos por el MOP a la Fiscalía General con el que supuestamente se iniciaron las investigaciones por parte del Ministerio Público.
El solicitante pidió también copia del proceso de arbitraje y del laudo arbitral, y su forma de pago. Así como copia del expediente público del empleado Patricio Rodrigo Nolasco Cuevas.
El IAIP también afirmó que el MOP tampoco invocó ninguna causal de reserva u oposición legal para negarse a entregar la documentación solicitada.
Desglose del proceso sancionador por funcionario:
– Oficial de Información del MOP, Liz Marina Aguirre Miranda: por presunta negligencia en la tramitación de las solicitudes; negarse a entregar la información que no ha sido clasificada como reservada o confidencial; ampliación indebida en los trámites de acceso por causas que carecen de verosimilitud o motivación.
– Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez (Manuel Orlando Quinteros Aguilar: por el presunto cometimiento en elevar el costo de reproducción (de la información) sin justificación alguna, contenida en la letra “b” de las infracciones leves Art. 76 de la LAIP.
– Gerente Legal Institucional del MOP, Marco Julio Iraheta Hernández, por el supuesto a negarse a entregar información que no ha sido clasificada como reservada o con carácter confidencial, Art. 76 infracciones graves.
A los tres funcionarios, el Instituto les dio siete días hábiles, luego de ser notificados para que presenten sus argumentos.
El proceso sancionatorio inició luego que el 9 de noviembre pasado Oscar Francisco Velásquez González interpuso un recurso de apelación contra el oficial de Información del MOP luego que el 30 de octubre pasado le solicitó diferente información sobre el proyecto que se encuentra judicializado y ha sido negada.