En momentos en que la Sección de Probidad desarrolla varias investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, diputados de la Asamblea Legislativa acordaron restarle facultades para promover procesos judiciales contra quienes resulten implicados en corrupción.
La decisión se tomó en la Comisión de Legislación durante el estudio del anteproyecto de ley de Probidad presentado por el Grupo Gestor.
La reforma consiste en quitarle a la sección de Probidad la facultad de dirigir los resultados de las investigaciones a la Corte Suprema de Justicia para que determine si abre procesos, sino que lo limita a enviar los casos a la Fiscalía. Además se elimina la figura de la presunción de enriquecimiento ilícito.
Al ser consultado al respecto, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, Rodolfo González, advirtió ayer que reformar el rol que realiza esta entidad en el combate de la corrupción, es susceptible de ser revisada para determinar si viola o no la Constitución. (Ver nota aparte).
Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), dijo que comprendía que hay “ansiedad en algunos diputados” por la revelación de casos de posible enriquecimiento ilícito. Uno de los casos es el del diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien ya tiene un proceso judicial abierto.
“Eliminar la presunción de enriquecimiento ilícito iría en contra de todo análisis que pueda hacer la sección de Probidad del patrimonio de ex funcionarios. Queremos una ley lógica, que respete la Constitución, que se base en la Convención Interamericana contra la Corrupción y que no nos haga retroceder”, consideró Umaña.
Umaña recordó que como grupo gestor de la Ley de Probidad esperan de los diputados un marco legal que respete la Constitución, los convenios y acuerdos que el país ha firmado en esa materia.
El debate en la Asamblea
La Asamblea inició esta semana la discusión de dos anteproyectos de la Ley de Probidad: uno presentado por el Grupo Gestor en 2014 y otro que diseñó el equipo técnico de la Comisión de Legislación de la Asamblea.
La intención es crear una nueva ley de Probidad antes de fin de año, ya que la actual data de los años 50. Tanto los diputados como otros sectores sociales y políticos admiten que ya no se aplica a las demandas actuales para combatir el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos.
Los proyectos en análisis contienen más de 50 artículos cada uno, y para eso la comisión está armonizando ambas propuestas. La discusión continuará hoy por la tarde en la Asamblea.
Los partidos, excepto ARENA, votaron a favor de suprimir la presunción de enriquecimiento ilícito. Los diputados que apoyaron tienen argumentaciones jurídicas, sin embargo, para el diputado tricolor, René Portillo Cuadra, es “ignorar la lógica de la ley de enriquecimiento ilícito”.
“Cuando un artículo se desecha es porque no ha funcionado o porque el artículo es inconstitucional o ha dado problemas en su aplicación, pero hasta donde yo sé este artículo no ha dado problemas y creo que si el tema de la presunción de enriquecimiento ilícito suena como muy fuerte podemos redefinir la redacción”, aclaró Portillo Cuadra a sus colegas el lunes pasado en la Comisión de Legislación.
Jackeline Rivera, del FMLN, aseguró que la ley de Probidad no busca procesar penalmente a nadie, ya que para eso existen en el Código Penal las sanciones para quienes se enriquecen de manera ilícita.
“Es una ley que pretende garantizar que los funcionarios que administren fondos públicos se inhiban de robar dinero del pueblo, pero se seguirá discutiendo en la comisión”, aseveró Rivera.
Agregó que cuando el jefe de la Sección de Probidad determine que hay indicios de enriquecimiento ilícito en las declaraciones patrimoniales, deberá notificarlo a la Fiscalía, “para que persiga a la persona por delito, ya no por una falta administrativa”, justificó.
Tenorio, de GANA, coincidió con el planteamiento de Rivera, de que existen otras normativas que regulan ese delito y que incluso está contemplado en la Constitución.
“Está desarrollado en el Artículo 240 inciso segundo de la Constitución, ya establece todo lo que se venía proponiendo a efecto de incorporarlo a la ley, ya la Constitución lo desarrolla plenamente y se ha venido aplicando de esa forma”, argumentó Tenorio.
Informe a la CSJ
Antonio Almendáriz, del PCN, respaldó que entre las funciones y atribuciones de Probidad le corresponde remitir informe a la Corte Suprema en pleno en los casos pertinentes y después certificar el expediente a la FGR.
Alejandrina Castro, de ARENA, pidió en la Comisión, que quedara plasmado en el acta que el partido tricolor se opuso a aprobar la supresión de la presunción de enriquecimiento ilícito.
Portillo Cuadra fue más allá y lamentó que la Asamblea únicamente se está refiriendo a la obligatoriedad de los funcionarios públicos a rendir su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad y no investigar realmente si hubo enriquecimiento ilícito o no.
A su criterio dejar ese artículo en ningún momento invade el ámbito penal como lo cuestionan el resto de partidos, y en especial el FMLN.
“Se presume que existen indicios de incremento patrimonial injustificado del funcionario o empleado público cuando estos no justifican debidamente ante la Sección de Probidad, allí no hemos hablado de enriquecimiento ilícito, no nos hemos metido en el campo penal, hemos respetado la presunción de inocencia de la persona”, esgrimió.
Dice que la lógica es que el jefe de Probidad detecte un incremento de patrimonio injustificado, siguiendo el orden establecido de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito, y que Corte Plena le envíe un informe a la Cámara para que esta inicie la responsabilidad penal y la inhabilitación del funcionario.
“Hay un punto intermedio y es la parte civil que es la que realiza la Cámara, yo creo que haríamos mal si quitamos las presunciones, sobre todo porque le sirven de criterio al jefe de la Sección para poder determinar en qué casos informa (a la FGR) y en qué casos no”, reflexionó.
Pero Rivera contradice lo anterior y justifica que las leyes no contemplan la presunción de un delito.
“Nuestra normativa jurídica establece q las presunciones se dividen en presunciones de derecho y presunciones legales, las presunciones de derecho admiten prueba en contrario pero las presunciones que se establecen en la ley de manera taxativa no admite prueba en contrario”, explicó.