El papel de los medios de comunicación ha sido fundamental para el avance de la transparencia en el país, pero aún hay instituciones que se resisten a dar información sensible y de interés al público, señalaron ayer organizaciones que componen el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en la apertura de la Semana de la Transparencia.
En general, el panorama tiene aspectos positivos, porque, según advierten dichas organizaciones, se han abierto precedentes importantes, como la apertura de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a hacer públicas las declaraciones patrimoniales de funcionarios, por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“La sección de Probidad nos parece que está haciendo un trabajo importante, últimamente hemos visto estos dos casos por posible enriquecimiento (el diputado Reynaldo López Cardoza y el exdirector del ISSS Leonel Flores Sosa). Esperamos que sigan estos procesos”, sostuvo el director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro.
No obstante, consideró que hay aspectos pendientes encaminados a fortalecer la cultura de transparencia en el país, entre ellos las reformas para fortalecer la independencia de la Corte de Cuentas, así como la aprobación de una nueva Ley de Probidad que esté dotada con “herramientas efectivas”.
En tanto, Castro es de la idea que el IAIP ha tenido un papel clave para que los peticionarios puedan acceder a la información que ha sido negada en varias instituciones, pese a que dijo no compartir con algunos “criterios” del Instituto en cuanto a mantener algunos gastos del Gobierno como información reservada.
A juicio del abogado, uno de los principales retos que existen en materia de transparencia tiene que ver “con el abuso en la declaratoria de información reservada”.
Para Roberto Rubio, director general de la Fundación Nacional para Desarrollo (Funde), capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, el acceso a la información y la transmisión de la misma en los medios de comunicación es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión.
“Que las investigaciones que hacen ustedes, las noticias que puedan publicar, hagan cómodo o no al Gobierno, es un deber de los medios el poder ejercer su derecho como ciudadanos y el derecho de poder expresar su opinión”, consideró Rubio.
En ese sentido, sostuvo que el trabajo de los medios se vuelve “incómodo” e impulsa al Gobierno a implementar medidas que intentan restringir los espacios, tales como la penalización de los delitos contra el honor y otras medidas similares que en este momento están siendo analizados en el Congreso.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Claudia Umaña Araujo, destacó que ha habido avances en el acceso a la información, pero advierte que aún hace falta que esta información facilite el inicio de investigaciones judiciales en las instancias correspondientes.
“Vale la pena resaltar que tal vez en este momento sale más transparentemente lo que ha estado escondido a través de los años. Lo que todavía falta es que las instituciones democráticas puedan retomar algunas informaciones y proceder a hacer las investigaciones”, consideró.
La Semana de la Transparencia, organizada por el Consorcio por la Transparencia, continuará hoy con la ponencia magistral del exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein.