“Tengo derecho a saber”. Esa es la frase que Roberto Burgos llevó plasmada no solo en la parte trasera de su camisa sino que fue el impulso que lo llevó a pedir información sobre la salud del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, así como de los viajes que realiza a Cuba, como parte de chequeos médicos.
Esta fue la primera vez que Burgos asistió a un juicio público ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en su carácter personal, ya que en la mayoría de ocasiones lo ha hecho como coordinador de la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac) de la Funde.
El abogado reiteró su solicitud ante los comisionados. Recalcó que la salud del mandatario es de interés público, por lo que ha pedido las indicaciones generales dadas por su médico de cabecera, la copia del expediente clínico, el informe sobre los costos de la atención médica, particularmente los viajes realizados a Cuba, la comitiva que lo acompañó y la compra de medicamentos, además del permiso otorgado por la Asamblea Legislativa para dichas salidas.
El representante legal del presidente durante la audiencia, Luis Javier Portillo, mantuvo la negativa de entregar dicha información argumentando que el presidente no padece ninguna enfermedad grave y que en la clínica empresarial del Seguro Social que está en Casa Presidencial, no existe el expediente clínico que solicita Burgos. Además, justifica que en países como México, el expediente clínico es reservado por el derecho a la privacidad.
A esto, Burgos contestó mostrando un libro, el que escribió Sánchez Cerén, su autobiografía, incluido su noviazgo con la actual primera dama. Preguntó cómo si él daba detalles de su vida por qué no daba detalles sobre su salud.
Reiteró que por ser un funcionario público y principalmente ser el presidente de la República, conocer sobre su salud, si es capaz de desarrollar sus funciones, es imperante que todos los salvadoreños tengan acceso a dicha información.
Tras concluir el juicio, el comisionado Jaime Campos se comprometió a entregar la resolución del caso el 15 de diciembre.