La transparencia y la fiscalización deben alcanzar a los partidos políticos para que exista un combate efectivo contra la corrupción. Este fue uno de los puntos a los que llegaron expertos nacionales e internacionales que participaron en el foro denominado “Oportunidades y desafíos en la regulación del financiamiento político”, durante las actividades promovidas por el Consorcio por la Transparencia.
El consultor uruguayo, Juan Rial, explicó que no se pueden poner “normas absurdas” para controlar cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, si toman dinero de fuentes privadas deben de determinar de cuáles debe aceptarse y de cuáles no, pero lo principal es establecer que no se debe aceptar financiamiento cuando no se sepa el origen del mismo y tampoco de fuente anónima.
Asimismo, señaló que el organismo electoral no puede ser el que audite el financiamiento pues por su carácter de árbitro, “no puede ser un jugador”.
“Hay una tentación presente de los organismos a hacer todo: a organizar las elecciones, a juzgarlas, a dar dinero, a dar acceso a los medios de comunicación y todo eso hace que el organismo no solo sea un árbitro del proceso sino una parte importante de su juego”, apuntó.
Agregó que también deben auditarse los apoyos en “especie” que reciben los partidos, como que un candidato use un avión privado o si recibe una línea telefónica privada, por ejemplo.
“No solo se combate la corrupción con transparencia, se combate con medidas eficaces”, señaló Rial.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Miguel Ángel Cardoza, aseveró que un reto para el organismo colegiado es controlar el financiamiento político y otro regular la campañas electorales.
“Gran parte de los problemas de corrupción en el mundo tiene que ver con la forma en que se financian los partidos políticos”, dijo.
Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, manifestó que para poder fiscalizar el financiamiento político se debe tener una institución fuerte que regule a los partidos políticos. También lamentó el vacío que existe en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) donde los institutos políticos no están incluidos.