Los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad del FMLN han propuesto una ley que saque a los jóvenes de las pandillas, los rehabilite y los reinserte a la sociedad.
Basados en experiencias de otros países como Estados Unidos, consideran que en El Salvador es viable que los muchachos vinculados a esos grupos puedan salirse, capacitarse en un oficio y luego reinsertarse a la sociedad.
Sin embargo, según el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, uno de los principales problemas de frenar a las pandillas, es la cantidad de personas ligadas a estos grupos que viven de las extorsiones.
“Para reinsertar a un pandillero primero hay que lograr que se salga de esos grupos, que renuncie a los vínculos y estructuras, y deje de cometer delitos, para después lograr una reinserción positiva”, subrayó.
Además, con la exoneración penal, esta ley podría dar pie a que los pandilleros activos que no piensan renunciar a estos grupos, ocupen este beneficio como una coartada para seguir siendo miembros de maras, pero tener un salvoconducto, advierte.
Ante la ola de criminalidad, el país necesita una ley fuerte y que el Estado actúe con determinación, agrega el diputado Ávila.
Ávila, añadió que el problema de esta Ley es que deriva en su contenido del artículo 10 de la Ley de Proscripción de Pandillas y que no se está aplicando.
“Es una ley que tiene problemas porque se enfoca en regulaciones que ya están en otros cuerpos legales como Extinción de Dominio, Lavado de Dinero y Activos, confiscación y expropiación de bienes; pero no define quién es miembro de una pandilla”, aseveró.
Por su parte, el diputado arenero Mauricio Vargas se mostró a favor de una ley que reinserte a las pandillas y que sirva de soporte para el plan El Salvador Seguro.
Pero así como está planteada la propuesta de la nueva normativa, no la ve como solución a los problemas de violencia del país.
“Si el gobierno no tiene el control territorial ni empoderadas a las autoridades del Estado, los que controlarán la zona seguirán siendo las pandillas”, afirmó Vargas.
Vargas coincidió con Ávila al cuestionar la propuesta de Ley que se refiere a los pandilleros, pero sin tomar en cuenta a sus estructuras.
Tampoco, hay claridad sobre qué se va a hacer con las personas que no se adhieran al programa, ni los que ingresan y reincidan, ya que la Ley no contempla la represión del delito.
Agregó que no se le viabilidad ni aplicabilidad porque no se tiene fondos necesarios para ponerla en marcha.
“Es una opción viable”
Pese a las dudas que ha generado la propuesta de ley, los diputados promotores del proyecto, aseguran que facilitaría ampliamente la reinserción de sus miembros.
“Para nosotros es muy importante porque complementa uno de los ejes fundamentales de la Política Pública en el combate a la criminalidad, cierra el paso de crecimiento de las pandillas y facilita las posibilidades a aquellos que no han cometido delitos graves para retirarse de las mismas”, afirmó el diputado Misael Mejía, uno de los promotores del anteproyecto.
Anteriormente, las maras habían fijado excepciones para quienes quisieran abandonar esos grupos, solo lo podían hacer en caso de que se acompañaran, se casaran, tuvieran hijos o entraran a una religión.
Pero en la actualidad, sus integrantes no se pueden salir, porque de alguna forma siguen ligados a ellos (dan colaboraciones económicas, hacen mandados, llevan recados, acarrean ilícitos), y quienes pierden esa vinculación, son asesinados.
Y si no los mata su exgrupo de pandilla, corren el riesgo con la mara rival, quien siempre los verá como enemigos.
Los diputados Misael Mejía y Róger Blandino Nerio, recientemente ofrecieron un foro en el que hablaron de los pormenores de la iniciativa.
Para contrarrestar las posibilidades de venganza o ajustes de cuentas de los jóvenes que se retiran, estiman que se crearían centros de internamiento, donde aprenderían un oficio y los fines de semana o días feriados, saldrían a su casa con apoyo de personal de seguridad.
“(La Ley) ayudaría a ofrecer oportunidades de formación vocacional, educación formal e inserción laboral, no es la Ley en sí misma la que va a resolver el problema pero es la suma de esfuerzos que con el sector privado e inversión pública, y los programas de organizaciones que el gobierno coordina (que se ) pueden facilitar su aplicación”, afirmó Mejía.
Además, contemplan en su iniciativa, no solo al pandillero sino a su grupo familiar y a la comunidad a la que pertenece, y de esa manera cerrar las puertas a que más niños y jóvenes se sumen a las maras.