1 de cada 4 botellas de alcohol consumidas son nocivas

Estudio sugiere un mayor control sobre el uso de etanol para reducir el riesgo a la salud.

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Los licores populares y adulterados son un riesgo pues llegan a incluir alcohol no apto para consumo como ingrediente.

/ Foto Por elsalv

Por Rodolfo Ortiz

2015-12-11 8:45:00

El consumo de alcohol adulterado llegó a representar 1 de cada 4 botellas ingeridas en El Salvador durante 2014. En el 93 % de los casos esa botella en realidad no es apta para ser ingerida, según detectó la firma de investigación Euromonitor International.

Según su último estudio El Mercado de Alcohol Ilegal, realizado en base a estudios en seis países de Latinoamérica, reveló que en nuestro país este sector clandestino es un problema para la economía, pero peor aún, es una amenaza a la salud.

Bajo la etiqueta de alcohol ilegal esta firma aglutina al producto de contrabando, las bebidas fermentadas de manera artesanal, el licor adulterado e incluso el alcohol de farmacias.

La gerente de consultoría de la firma, Lourdes Chavarría, explicó a El Diario de Hoy que solo el 7 % del alcohol ilegal consumido proviene de prácticas como el contrabando. El 93 % de lo que se consumió en 2014 se trata de licor nocivo para la salud.

En otros países donde se ha hecho el estudio, la proporción de alcohol no apto para consumo suele ser de 60 % frente a un 40 % de producto ligado a contrabando.

“Se comercializaron 13,688 hectolitros de alcohol puro adulterado, este viene como ingrediente residual del etanol. A esto se le suma el consumo de 11,324 hectolitros de alcohol puro”, detalló Chavarría.

Con esas cifras, se estima que los salvadoreños ingirieron más de 25 mil hectolitros de etanol puro o adulterado a través de expendios de licor popular o botes de alcohol farmacéutico.

Falta de control

Para entender por qué El Salvador consume tanto licor con ingredientes peligrosos, Chavarría señaló que hay una falta de control sobre sustancias como el etanol.

Euromonitor International reconoció en su estudio que nuestro país cuenta con cuotas de asignación para industrias o farmacias que necesitan utilizar etanol. Sin embargo no hay un monitoreo sobre el uso que se le da o el material residual.

La experta señaló además que la regulación en nuestro país no cuenta con una política para hacer obligatoria la desnaturalización del etanol.

Este es un proceso mediante el cual se altera el olor y sabor del etanol, añadiendo otros químicos, de manera que no pueda ser utilizado como ingrediente para bebidas y cause rechazo en quien desee ingerirlo. Chavarría explicó que en Panamá la ingesta de alcohol no apto para consumo es menor que en El Salvador porque existe la práctica de desnaturalización.

Como reflexión añadió que en nuestro país debe existir un mayor control sobre este tipo de sustancias para reducir el problema sanitario y económico que supone su consumo.

Impacto económico

Originalmente el estudio de Euromonitor International busca cuantificar el impacto que el consumo de alcohol ilegal tiene sobre la industria legal.

Sobre este punto, el seguimiento de la firma durante tres años demuestra que se ha reducido levemente el consumo de alcohol ilegal. Sin embargo, aún tiene un daño fuerte por evasión fiscal y ventas que el licor clandestino quita a las bebidas legales.

En 2012, 1 de cada 5 botellas consumidas en El Salvador era del llamado alcohol ilegal. Ese año se estima que la venta de este producto alcanzó ventas por $63.8 millones. Su impacto en calidad de impuestos no pagados fue de $18 millones.

Para 2014, el último año del cual se han recabado datos, el consumo había bajado a 1 de cada 4 botellas, las ventas se estimaron en $49 millones y la evasión fiscal en $16 millones.

Para Chavarría, mejorar el control del etanol permitiría no solo reducir el daño a la salud sino combatir la elusión fiscal de este sector. “La falta de control a la comercialización del etanol es clave para atacar este problema. El riesgo a la salud que representa debe ser razón suficiente para prestar atención al tema”, concluyó.

El estudio incluyó a El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.