Las diferentes instituciones agrupadas en el Consorcio por la Transparencia concluyeron ayer que para corregir la situación de corrupción e impunidad en el país el primer paso debe de ser el fortalecimiento institucional, sobre todo por la vulnerabilidad que existe con fenómenos como el narcotráfico y crimen organizado, y su capacidad de incidencia en los políticos y las diferentes instancias del Estado.
En este sentido, señalaron que el funcionamiento de instituciones que investigan el delito y que velan por la conducta y ética de funcionarios públicos “es ineficiente”, por debilidades institucionales históricas, vacíos legales y la falta de coordinación interinstitucional.
Por ello, Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC), una de las instituciones participantes en el Consorcio, dijo que es urgente una revisión de la estructura de entes clave como la Fiscalía General de la República o la Corte de Cuentas, sobre todo porque considera que “hay vicios” que lejos de eliminar la corrupción la terminan “fortaleciendo” y dándole, incluso, el carácter institucional.
“Mientras vemos a un Fiscal General cercano a personas cuestionadas o a un presidente de la Corte con claros vínculos partidarios que facilitan el control de la entidad, no podemos hablar de transparencia ni mucho menos de fortalecimiento institucional; para evitar que la corrupción avance, ojalá se de un buen proceso de reformas a mediano plazo para iniciar la depuración de todas estas irregularidades”, apuntó Burgos.
Por su parte, Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), agregó que hay muchas áreas donde la lucha contra la corrupción se debe profundizar.
Un ejemplo que puso el analista es el secretismo y el abuso de reservas de información en las instituciones públicas, además de las contrataciones discrecionales de productos y servicios y el financiamiento político sin controles o poco transparente.
“Hay áreas donde lamentablemente vemos que se combate la corrupción pero desde la óptica del enemigo político, por eso es importante contar con instituciones más frontales contra todo tipo de impunidad y darle apoyo con una institución auxiliar como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala”, agregó Rubio.
Bajo este esquema, Javier Castro, director del departamento de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), reconoció que hay avances en instancias como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero dice que es necesario la depuración en la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) para fortalecer la lucha contra estructuras delictivas.
“Algunas instituciones están haciendo bien su trabajo y el más claro ejemplo es la Sala de lo Constitucional, pero en otras no se están viendo resultados, no cumplen con las expectativas de la ciudadanía e incluso no tienen independencia de poderes ajenos a la voluntad popular”, valoró Castro.
Piden claridad y criterio para la elección de Fiscal
El Consorcio por la Transparencia también recordó que se debe escoger al titular del Ministerio Público en base a criterios como autonomía, el no estar ligado a grupos de interés y a la capacidad de enfrentar y procesar a las pandillas, depurando la mora de casos que tiene acumulados la Fiscalía General.
“El Fiscal debe de ser el idóneo, pero sobre todo comprometido con la investigación del delito en todas sus expresiones. Además su elección no debe de ser el resultado de acuerdos políticos en la Asamblea, no es lo ideal por la independencia que debe de tener este funcionario en su cargo”, razonó Castro.
El Consorcio también propuso ayer, en el marco del cierre de la Semana de la Transparencia, que se pueda acordar una mayor coordinación entre las entidades de control, más espacios de participación y contraloría de la ciudadanía y proponer reformas institucionales para asegurar la independencia de las entidades de control, iniciando con la Corte de Cuentas y la sección de Probidad de la Corte Suprema.
La Semana de la Transparencia también permitió que se analizaran temas como la libertad de expresión y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.