La Comisión parlamentaria de Legislación planea aprobar una disposición que dejaría bajo el mando sólo de la Sala de lo Civil a la sección de Probidad, una entidad clave en la investigación y combate de la corrupción de funcionarios y exfuncionarios.
Actualmente, Probidad está bajo la responsabilidad del pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes deciden si un caso debe ir a juicio por enriquecimiento ilícito y asignan a un tribunal superior para seguir el proceso.
Si la enmienda es aprobada, Probidad y el futuro de los casos quedarán sólo bajo la decisión de dicha Sala, que preside Ovidio Bonilla, a quien el FMLN impulsó para ser nombrado efímeramente presidente de la Corte Suprema en 2012.
El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, criticó que se deje esa potestad a tres o cuatro magistrados de la Sala de lo Civil, cuando en la ley actual la decisión se toma por todos los miembros de la CSJ.
Y con el agravante, dijo, de que en la Sala de lo Civil la decisión se tome de manera sesgada, pues uno de sus miembros es Ovidio Bonilla, quien ahora funge como primer vocal de esa Sala.
Recordó que Bonilla fue nombrado presidente de la Corte en 2012 a instancias del FMLN y sus aliados, pero este acto fue declarado inconstitucional. “A mí me preocupa que sea la Sala de lo Civil; ya saben que hay un magistrado en particular al que se le levantó la mano y yo no se qué grado de imparcialidad le caracteriza a este magistrado como para fallar con ese grado de imparcialidad que se necesita a los funcionarios de todos los partidos…”, subrayó el arenero.
Portillo Cuadra recordó el episodio en el que Bonilla se vio junto al expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, del FMLN, cuando fue nombrado titular de la CSJ y fue este quien le levantó la mano en un acto en la Corte Suprema para celebrar su nombramiento, en julio de 2012.
En aquel evento también estuvieron los diputados Francisco Merino, del PCN, Mario Tenorio, de GANA, y Rodolfo Parker, del PDC.
Ante esto, Portillo Cuadra señala que Bonilla podría buscar “venganza” porque después de haber sido presidente de la CSJ lo relegaron a magistrado de Sala.
“Me preocupa, porque el que le hayan levantado la mano y después no haya sido presidente de la Corte y lo hayan regresado como magistrado, no se si buscará venganza contra determinado partido o funcionarios de determinados partidos políticos; es mejor que se trasladara a la Corte Plena donde deciden 15 miembros como está actualmente”, reflexionó.
Además, Portillo Cuadra señala que así como va quedando redactada la nueva ley no se busca perseguir y combatir el enriquecimiento ilícito, sino volverla una normativa de pura “tramitología”, que servirá sólo para presentar las declaraciones patrimoniales.
Su crítica se debe a que el resto de partidos, sin el aval de ARENA, sacó del anteproyecto de ley que analizan desde hace dos semanas, el artículo en donde se establece la presunción de enriquecimiento ilícito, sin el cual será una ley sin dientes.
“Lo que vemos es cierto temor de funcionarios públicos que no quieren una ley con dientes, con fuerza, que se castigue el enriquecimiento ilícito, no se por qué están asustados. ¿Será por las últimas noticias de que está procesado el exdirector del ISSS y como se dijo que hay 19 casos más, quizás algún temor tienen?”, opinó el diputado tricolor.
Sin embargo, Guillermo Gallegos, de GANA, y Antonio Almendáriz, del PCN, explicaron ayer que no se omitirá la presunción de enriquecimiento ilícito que establece la Constitución.
La propuesta de Almendáriz es que se plasme lo que dicta el artículo 240 de la Constitución, en el que se establece la presunción de enriquecimiento ilícito.
Jackeline Rivera, del FMLN, justificó en la comisión de Legislación que esa parte ya está razonada en la Constitución y que no es necesario incorporarla a la ley, pero después señaló que para el partido no es punto de honor quitarlo o no.
Criticó que ARENA está buscando argumentos para no aprobar la Ley de Probidad. La actual normativa data de 1959 y buscan aprobar una nueva mañana miércoles.
Los diputados discutieron 35 de 50 artículos y prevén continuar mañana.
Hubo avances como elevar las sanciones de 20 a 40 salarios mínimos del sector comercio para los funcionarios que no declaren su patrimonio.