Los expresidentes Mauricio Funes, del primer gobierno del FMLN; Elías Antonio Saca y Francisco Flores, de las administraciones de ARENA; así como el extitular de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, quedarían fuera de la investigación por enriquecimiento ilícito que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Lo anterior se desprende en virtud de como quedó redactado el Artículo 49 de la nueva Ley de Probidad que en la sesión plenaria de ayer se aprobó tras fuertes cuestionamientos de la bancada de ARENA de que es una normativa que no detectará ni combatirá los casos de corrupción de funcionarios públicos.
La correlación legislativa volvió a hacerse presente y la ley fue avalada con 45 votos del FMLN, GANA y PCN. El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, intentó hacer reformas a la ley una vez ya votada cuando se pasó a la aprobación artículo por artículo pero ninguna de sus propuestas prosperó.
Portillo Cuadra señaló que la la “verdadera trampa” de la ley se demostró en la redacción del artículo 49, el cual reza así: “Los procesos pendientes se continuarán tramitando conforme a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos hasta su finalización, siempre que se haya iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil competente”.
“Esa es la premura que tenían en aprobarla”, sentenció Portillo Cuadra, al afirmar que buscan ocultar los casos de corrupción en los que se ha sabido que hay 13 exfuncionarios del FMLN, aseguró.
Siendo así, los exfuncionarios que aún tienen procesos de investigación en trámite en la Sección de Probidad quedarían prácticamente fuera de la nueva ley, ya que esta deroga a la ley de Enriquecimiento Ilícito, bajo la cual la Sección de Probidad inició las indagaciones de presunción de enriquecimiento ilícito.
Fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, quien informó en días pasados que los expresidentes Funes, Saca, Flores, y Reyes, el titular de la Asamblea, son parte de los 19 casos que la Sección de Probidad tiene en curso.
Pineda Navas reiteró ayer que están esperando el informe de la Sección de Probidad sobre los 19 casos.
Así los únicos que no se salvarían de aplicárseles la nueva ley son: el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, y al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, porque ya se encuentran en la fase que dice el artículo 49: “se ha iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la cámara de lo Civil competente”.
Ayer por la mañana los diputados de la Comisión de Legislación hicieron los últimos retoques a la nueva normativa y de acuerdo a lo expresado por la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, todos los casos, incluidos los que aún estaban en proceso sin haber pasado a juicio, seguirían estando bajo la lupa de la antigua ley de Enriquecimiento Ilícito.
“Hemos dejado un artículo entre el 40 y el 50 para aquellos que andan asustando con el petate del muerto, que los procedimientos de enriquecimiento ilícitos al haber entrado en vigencia esta ley, seguirán siendo sustanciados con la ley de enriquecimiento ilícito anterior, para quienes dicen que estamos haciendo una ley para tapar aquellos que están procesados”, explicó la diputada Rivera.
Añadió que si la Sección de Probidad tiene procesos de investigación en curso debería continuar aplicando la ley anterior, y aseguró que la nueva ley de Probidad no les afectará.
Pero inmediatamente después de decir esto, a la pregunta de que si la nueva Ley de Probidad relegaría a la ley de Enriquecimiento Ilícito contestó: “La ley de enriquecimiento ilícito se deroga y se aplica la ley de probidad. No tendría ningún efecto sólo para los juicios iniciados antes de la vigencia de esta ley”.
Lo anterior, es exactamente lo que se lee en el artículo 49 de la nueva normativa.
Función de la Sala de lo Civil en ley Probidad
La cuestionada responsabilidad que ahora tendrá la Sala de lo Civil de la Corte Suprema por parte de las organizaciones sociales que trabajaron en uno de los proyectos que fueron tomados en cuenta para la redacción de la nueva ley, será la de imponer la sanción pecuniaria, afirma la diputada Rivera.
El artículo 28 de la ley menciona que: “la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para conocer de las infracciones a las obligaciones contenidas en la presente ley y la Sección de Probidad tendrá la obligación de sustanciar los procesos de acuerdo con las normas de este capítulo”.
Rivera añadió que incluyeron en el apartado de la ley sobre las funciones y atribuciones de la Sección de Probidad, un literal g) en el que se establece que esta unidad podrá “remitir informes a la Corte Suprema de Justicia en pleno en los casos pertinentes”.
Pero Portillo Cuadra y otros diputados de ARENA reclamaron ayer que se le sigue restando facultad a la Corte Plena, en donde convergen los 15 magistrados del Órgano Judicial, de conocer los casos con indicios de presunción de enriquecimiento ilícito para que sea este ente quien determine si amerita abrirse un proceso judicial contra algún funcionario.
El diputado Portillo Cuadra insiste en que se “supone que tienen correlación en la Sala de lo Civil para que no pase a la fase penal”.
El legislador arenero expuso en días anteriores de que en la Sala de lo Civil se encuentra el magistrado Ovidio Bonilla quien podría tomar decisiones parcializadas porque lo relaciona con el FMLN, por habérsele visto el día en que lo eligieron presidente de la Corte Suprema alzando su mano junto al extitular de la Asamblea, Sigfrido Reyes. El nombramiento de Bonilla fue declarado inconstitucional posteriormente.
“Insisto, para el miedo de esos magistrados sospechosos, la Sala de lo Civil no va a investigar ni va a sustanciar procesos, sólo va a imponer sanciones”, argumentó por su parte la diputada Rivera.
Justificó que no necesariamente será sólo la Sala de lo Civil la que podría ordenar que se abra un juicio, sino también la Sección de Probidad, cuando crea que un caso de acuerdo al grado de anomalías encontradas se sale del ámbito civil y pasa a lo penal.
“Imagínese que la Sección de Probidad dice: aquí hay algo raro, hay que notificar a la Fiscalía, la sección de Probidad puede, no tiene por qué pasar por la Sala (de lo Civil)”, argumentó Rivera.
Cuando se le dijo que ese planteamiento no estaba contemplado en la ley, contestó: “ya lo vamos a arreglar”.
Sin embargo, la normativa que fue aprobada ayer sin los votos de ARENA, no especifica en qué casos la Sección de Probidad sí tendrá la potestad de informar directamente a la Fiscalía sobre los casos en que se detecte indicios de enriquecimiento ilícito.
Magistrados CSJ opinan Al respecto de este tema, algunos magistrados de la Corte Suprema que asistieron ayer al acto solemne que realizó la Asamblea por el 32 aniversario de la Constitución de la República, explicaron que es mejor tomar las decisiones que atañen a lo que es el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos por el consenso de Corte Plena.
“Lo ideal es que la mayoría de miembros de un órgano colegiado sean los que tomen las decisiones. A veces el legislador, el constituyente toma este tipo de decisiones precisamente para que se trate de asegurar mayor discusión en los temas y por tanto, que las resoluciones correspondan a la Constitución y a las leyes”, afirmó Dafne Sánchez, presidenta de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema.
Pineda Navas, el presidente del máximo tribunal, dijo desconocer ayer el contenido final de la nueva ley de Probidad, pero aseveró que espera que se garantice en ella lo que dicta el Artículo 240 de la Constitución.
“Hasta ahorita siempre ha conocido la Corte Plena , pero el artículo 240 que es lo que señala (la Constitución), pero no sé en que sentido ahora se está hablando de que sea la Sala de lo Civil, no podría adelantar sobre eso porque lo desconozco, no sabemos si le están quitando atribuciones a la Sección de Probidad y pasándola a la Sala de lo Civil, no puedo adelantar nada porque desconozco”, reflexionó.
Mientras que el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Murcia, esgrimió que no podía adelantar criterio sobre lo que los diputados aprobaron ayer, pero aseveró que esperaba que todo fuera apegado a la ley.
“Yo respeto el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, ellos tienen asesores, sabrán como tamizar, como lo hacen con cualquier ley, tamizar el respeto a la Constitución, yo no puedo adelantarme en alguna posición les respeto su trabajo que están haciendo”, acotó.
Lo que sí atendieron los diputados fue incorporar el artículo de la presunción de enriquecimiento ilícito que anteriormente habían eliminado de la nueva ley.