Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció ayer que los diputados del FMLN, GANA y del PCN que votaron el miércoles pasado por la nueva Ley de Probidad cometieron “fraude a la Constitución de la República”, por lo que pidieron al presidente Salvador Sánchez Cerén que vete la normativa.
La coalición cívica Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública anunció que si la nueva legislación no es vetada, acudirán a la Sala de lo Constitucional para demandar que la declare inconstitucional.
Las organizaciones cuestionaron que con la nueva ley se busca debilitar la labor de la sección de Probidad de la Corte Suprema precisamente ahora que investiga 19 casos de presunto enriquecimiento ilícito de exfuncionarios.
En los meses anteriores, las investigaciones de Probidad permitieron que la Corte Suprema enviara a juicio al diputado Reynaldo López Cardoza, y al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores.
El Equipo Gestor asegura que los diputados del FMLN y sus aliados buscaron amarrar a la Corte Plena para evitar que sean indagados ex y actuales funcionarios públicos que podrían tener indicios de apropiarse de fondos del Estado.
Las organizaciones integrantes del Equipo Gestor, entre ellas la ANEP, Fusades, la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Funde, entre otras, cuestionan que los diputados le quitaron al pleno de la Corte Suprema la facultad de dirimir los casos investigados por Probidad, pese a que es una facultad que le asigna la Constitución.
La Carta Magna le ordena a la Corte “tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración” patrimonial que rinden todos los ex y funcionarios públicos a la Sección de Probidad.
Sin embargo, los diputados del FMLN y sus aliados han argumentado que la Ley de Probidad no le resta esa facultad a la Corte Plena y defienden a capa y espada lo que plantea la normativa para que ahora sean los magistrados de la Sala de lo Civil quienes determinen qué casos están debidamente sustentados de que existe un posible enriquecimiento ilícito para enviarlos a la Fiscalía.
El artículo 49 de la nueva normativa explica que esta se aplicará solo a aquellos juicios “sobre enriquecimiento ilícito que ya pasaron a la Cámara de lo Civil competente”.
Pero según Javier Argueta, director jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), esa “hazaña de los diputados no detendrá los nuevos procesos de investigación por defraudar al erario que puedan surgir”.
“Por eso el fraude a la Constitución que se ha pretendido hacer va a quedar eliminado aplicando directamente la Constitución”, afirmaron.
“El falseo que se quiere hacer o la norma de apariencia que se pretende engañar no va a poder, porque se aplicará directamente la Constitución, eliminando el fraude, los juicios deben pasar a la Cámara, no por ley, sino por aplicación directa de la Corte Suprema de Justicia”, agregó Argueta.
Entre sus argumentos para afirmar lo anterior, resaltan el que los legisladores hayan eliminado de la Ley de Probidad la facultad que tiene la Corte Plena en la ley vigente para ordenar a la Fiscalía el inicio de procesos penales en contra de ex y funcionarios públicos que puedan haberse enriquecido ilícitamente.
La ley avalada el miércoles pasado le delegó la facultad a tres magistrados de la Sala de lo Civil de determinar si un caso amerita pasar a juicio o no, y ya no a Corte Plena como lo indica la Constitución.
Entre los magistrados de la Sala de lo Civil se encuentra Ovidio Bonilla, al que ARENA acusa de que podría aplicar una opinión sesgada a la hora de valorar a los funcionarios por su vinculación al FMLN.
Argueta aseveró que aunque los legisladores intenten frenar los juicios civiles por enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema hará uso de su facultad y aplicará de forma directa lo que mandata el artículo 240 de la Constitución, aún cuando la ley de Probidad no lo diga.
Exigen veto
“Como Equipo Gestor, exhortamos al Presidente de la República a que, en virtud de su obligación de sancionar solo aquéllas leyes que sean respetuosas de la Constitución, y en apego a su compromiso establecido en el Plan Quinquenal 2014-2019, en relación con la lucha contra la corrupción, haga uso del sistema de pesos y contrapesos que permite nuestra democracia, y vete el decreto de ley de Probidad…”, reza su planteamiento oficial.
La presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, arremetió en contra de los miembros del Equipo Gestor.
Según la efemelenista la Asamblea ha cumplido con lo que establece el artículo 240 de la Constitución y no se le resta facultades a la Corte Plena. (Ver nota aparte).