El Fiscal General en funciones, Edgar Márquez, reveló ayer que el peritaje del equipo informático decomisado en el presunto centro de trolls que funcionaba en la urbanización Santa Elena, ya está concluido y ya fue enviado al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad.
Este peritaje servirá a la Fiscalía General para poder enfilar las investigaciones hacia otras personas que podrían resultar involucradas en el escándalo de la clonación de la página web de La Prensa Gráfica, explicó Márquez.
“El Juzgado Segundo de Instrucción (de Santa Tecla) tiene el peritaje elaborado por el técnico, por lo que ya se están girando las líneas de investigación para llegar a la conclusión de ese caso”, dijo Márquez.
Las investigaciones han revelado que la empresa Búnker supuestamente era utilizada para fraudes cibernéticos con el propósito de desprestigiar a contrincantes políticos y también para clonar sitios de algunos medios de comunicación, para publicar falsas noticias con propósitos de dañar la imagen de estos.
Se supone que el peritaje descubrió nombres de personas, números telefónicos, cuentas de redes sociales y hasta correos electrónicos; información que sin duda le servirá a la Fiscalía para poder profundizar en las investigaciones, dijeron fuentes cercanas al proceso.
Agregaron que se encuentran a la espera del informe que tendrá que enviar el gobierno de Estados Unidos con los nombres de las personas que compraron los dominios, para poder elaborar una página informática.
El allanamiento de la referida empresa se registró el 11 de noviembre pasado, centro desde donde se había clonado el sitio web del periódico La Prensa Gráfica.
En esa oportunidad fue capturado Andrés Ricardo Ortíz Lara como supuesto responsable de la referida empresa. Ortíz Lara goza de libertad condicional otorgada por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán.
Algunas de las condiciones que Ortíz Lara cumplió para gozar de su libertad fueron pagar una fianza de $10,000, un inmueble como garantía hipotecaria de aproximadamente $42,000; además debe presentarse cada mes al juzgado correspondiente del proceso a firmar y tiene prohibido salir del país.
Ahora el proceso se encuentra en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla que prepara la audiencia preliminar contra Ortíz Lara, quien es procesado por falsedad material (falsificación), violación a distintivos comerciales y violación a derechos de autor y derechos conexos.
Durante las investigaciones se pudo descubrir que la empresa ligada a la publicación de Trolls había sido contratada por la Alcaldía de San Salvador para que le trabajara una plataforma informática sobre el proyecto una obra por día.
Esa situación provocó que los consejales del partido ARENA en la alcaldía capitalina pidieran explicaciones al edil Nayib Bukele sobre la participación de Ortiz Lara y de su jefe.