La oficina de Transparencia y Anticorrupción (Alac) de la Fundación para el Desarrollo Económico (Funde) señala que los partidos políticos siguen cerrados a rendir cuentas de sus fuentes de financiamiento y de los fondos que manejan. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirma que los partidos ya le aseguraron que tienen los registros de donantes, pero sin dar el detalle de quiénes son esas fuentes de financiamiento.
“Todavía los partidos políticos se siguen protegiendo entre ellos mismos de las indagaciones, de la contraloría ciudadana que es necesaria, y el primer paso es poder conocer quienes son sus financistas, cuáles son los grupos de interés que apoyan a cada partido”, manifestó el director de Alac, Roberto Burgos.
La Ley de Partidos Políticos establece que los institutos políticos están obligados a abrir una oficina de acceso a la información y de nombrar a un Oficial de Información que dé respuesta a los requerimientos de los ciudadanos en materia de donantes y financiamiento.
No obstante, Burgos asegura que como Alac han hecho gestiones para obtener ese tipo de información y se han topado con que no existen esas oficinas.
“Nosotros hemos hecho indagaciones informales y hasta este momento puedo yo asegurar que no conozco ningún partido político que tenga una institucionalidad dirigida a permitir o procesar las solicitudes de los ciudadanos de esta información pública”.
Pero el magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, asegura que los partidos ya les enviaron un informe en el que afirman que cuentan con una oficina de información, con el oficial de información y con un registro de donantes particulares, privados o jurídicos.
“En la sesión que tuvimos el martes 22 (de diciembre) se nos entregó un informe en el cual aparecía que todos los partidos habían entregado la información que le habíamos requerido, es decir, que había un cumplimiento en la entrega de la información”, explica Cardoza, aunque dice que como TSE y como ente responsable de verificar el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos les falta constatar si en realidad los partidos tienen ya todos esos entes.
Orden judicial sin cumplir
El representante de Funde/Alac apunta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció la obligatoriedad de que los partidos políticos establezcan mecanismos para transparentar sus finanzas, dado que en la Ley de Partidos Políticos establecieron que solamente podían revelar el nombre de sus financistas con el consentimiento de estos.
Desde agosto de 2014, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa que reforme la normativa para que prevalezca el derecho del ciudadano a la información sobre los financistas.
“El legislador debe expedir leyes que aseguren la transparencia en el quehacer partidario, en concreto el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales y la rendición de cuentas”, argumentó la Sala en su sentencia del año pasado.
Ha pasado más de un año desde ese fallo pero las distintas fracciones políticas le han dado largas al asunto y no han legislado al respecto.
“¿Por qué el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos va a topar con el muro de financiamiento a los partidos políticos?; es muy importante que podamos conocer a los donantes y patrocinadores”, recalca el director de Alac.
Por su parte, el magistrado Cardoza advierte que es importante anticiparse a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones con el tema del financiamiento, pero que este punto no es responsabilidad solo del TSE.
“En el tema de financiamiento a los partidos políticos solamente el Tribunal Supremo Electoral no va a poder controlar eso, eso es de todo el aparataje institucional que ya existe en el país: la Fiscalía, (ministerio de) Hacienda, Corte de Cuentas; son todas las instituciones que tienen que participar, porque sí va a ser un tema muy delicado en las próximas elecciones, el financiamiento de las campañas”, indica Cardoza.
Nueve meses de atraso
El funcionario del TSE asegura a este periódico, sin dar detalles del contenido, que el TSE ya tiene en sus manos los balances financieros que los partidos políticos les enviaron ahora en diciembre, cuando la Ley de Partidos Políticos dice que deben hacerlo en el primer trimestre de cada año; es decir, que lo enviaron con casi nueves meses de retraso.
“Aquí habría que determinar la responsabilidad de cada quien. La responsabilidad de tener balances es de los partidos políticos, no es del Tribunal; en lo que el Tribunal puede asumir su responsabilidad es que quizá se retrasó en verificar, eso se puede decir”, externa Cardoza.
Roberto Burgos advierte que mientras el organismo electoral “siga en manos de los partidos políticos”, difícilmente cumplirá con su rol de fiscalizar a los mismos institutos políticos.
Primer caso en el IAIP
El tema del acceso a los datos sobre el financiamiento a los partidos ya tocó la puerta por primera vez en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), asegura el comisionado Jaime Campos.
“Nosotros resolvimos recientemente un caso en el que se pidió la información relacionada con los nombres y montos de los donantes de los partidos políticos; en ese precedente el Instituto lo que resolvió es que las solicitudes de información, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, deben hacerse a las unidades de acceso a la información pública de cada partido político”, explica Campos a El Diario de Hoy.
Agrega el comisionado Campos que en caso que el peticionario de dicha información esté inconforme con lo resuelto por los partidos políticos, se puede apelar ante el TSE y luego ante el IAIP.