El incumplimiento de los partidos y diputados al fallo de la Sala de o Constitucional que le ordenó a la Asamblea Legislativa legislar en favor del acceso a la información sobre los donantes y financistas de los partidos políticos, se debe a la “resistencia” de los políticos a transparentes el uso de los fondos que reciben, consideró el abogado Eduardo Salvador Escobar, uno de los demandantes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Esto lo que nos muestra es resistencia a transparentar, resistencia a quitar aquel velo de opacidad y de oscuridad sobre esa relación del dinero y la política. Evidentemente, no lo justifico pero es una reacción si se quiere, esperada de los partidos, de no querer revelar quienes los están financiando”, manifestó el abogado.
Fue precisamente, Escobar, junto a los ciudadanos Ramón Villalta y René Landaverde, quienes presentaron en 2013 un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, porque ésta carecía de un apartado que obligara a los institutos políticos a dar cuentas del dinero que reciben del Estado y de personas particulares.
Escobar recordó que en agosto de 2014 la Sala sentenció que era obligación de la Asamblea que tenía que reformar la ley de Partidos. “Y le dio a la Asamblea dos meses; es decir, septiembre y octubre (de ese año) para que regulara en la ley el mecanismo por el cual los ciudadanos iban acceder a la información sobre el financiamiento a los partidos políticos”, añadió el demandante.
En noviembre de ese año, los legisladores reformaron dicha normativa, pero se blindaron al poner en la ley que se daría la información a los ciudadanos, solamente si el donante da su aval, lo cual provocó que en febrero la Sala emitiera una segunda resolución declarando incumplida su orden, por parte de la Asamblea Legislativa.
Según, Escobar, la Asamblea Legislativa no le dio seguimiento al tema y hasta hace poco se movió con esa parte de la transparencia; pero “lo que comenzaron a decir los diputados y los partidos fue que la Sala no tenía competencia para estar obligando a los partidos a entregar la información”, dijo el abogado.
“Los diputados renegaron, negaron, y desobedecieron las resoluciones de la Sala, porque hay dos resoluciones de Sala donde está ordenando que entreguen la información, y no han querido cumplir”, cuestionó.
Escobar coincide con lo externado por Roberto Burgos, de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción (Alac) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (Funde), quien consideró que los partidos siguen aferrados a no rendir cuentas de los fondos que reciben y de sus financistas.
Ante la negativa de los legisladores a reformar la Ley de Partidos Políticos, Escobar presentó recientemente un escrito ante la Sala de lo Constitucional, para que ésta le pida explicaciones a la Asamblea Legislativa sobre el incumplimiento a su fallo (ver documento).
“Que si de los informes ordenados se concluye que en el legislador está presente una manifiesta conducta de no cumplir con lo ordenado por este tribunal, se tomen las medidas pertinentes para que las mencionadas resoluciones sean respetadas y cumplidas según su tenor…”, reza parte del escrito.
Inclusive, conmina a la Sala a que informe a la Fiscalía, si considera que la Asamblea Legislativa ha incumplido sus resoluciones, dice el escrito presentado por Escobar.
En el mismo escrito se pide a la Sala que pida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe sobre si los partidos políticos han cumplido con sus obligaciones en materia de transparencia; es decir, si han presentado balances financieros, nombres de donantes, el monto de las donaciones y el destino de estas.
El magistrado Miguel Cardoza aseguró que hace unos días los partidos respondieron que sí tienen esa información, pero no la entregaron. Lo único que entregaron al TSE son los balances financiaron, aseguró Cardoza, a este periódico.
Contra la democracia
El demandante considera que el tema del financiamiento va más allá de la transparencia o no de los partidos políticos para abrir sus cuentas, y lo que está en juego es la robustez de la democracia en el país.
“El proceso electoral es la puerta de entrada de los futuros funcionarios públicos, si esa puerta de entrada lleva algún compromiso en cuanto a quien financió a estos funcionarios, evidentemente la calidad de la gestión pública que estos van a realizar va ser muy débil o va estar en función de quienes le financiaron”, dijo Escobar.