El gobierno de Salvador Sánchez Cerén manifestó su preocupación por la ola de redadas y deportación de inmigrantes salvadoreños y centroamericanos, por parte de las autoridades estadounidenses, prevista para enero próximo, según trascendió en periódicos de ese país.
El Diario de Hoy publicó en su edición de ayer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), ya se está preparando para ejecutar redadas masivas de indocumentados para luego proceder a la deportación de cientos de familias, según un reporte del periódico estadounidense The Washington Post.
Este rotativo señala que esta campaña de la DHS es el primer esfuerzo a gran escala que persigue deportar a miles de inmigrantes que han huido de la violencia de sus respectivos países.
Cita The Washington Post, que más de 100 mil familias entre adultos y niños de Centro América y México atravesaron en 2014 la frontera mexicana hacia Estados Unidos.
Entre esas familias hay inmigrantes de nacionalidad salvadoreña, lo que ha generado la alarma en el gobierno de nuestro país.
“El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación por la campaña de redadas y deportaciones que ha sido anunciada en medios de comunicación de los Estados Unidos”, dice el comunicado difundido ayer por la cancillería.
De acuerdo al comunicado, el gobierno salvadoreño considera “desafortunadas” este tipo de medidas que lleva a cabo el gobierno de Barack Obama.
“El Salvador es respetuoso de las leyes y procedimientos internos de cada país, sin embargo, considera que estas medidas desafortunadas no contribuyen a una solución de fondo que ha sido aplazada por años y que tiene a su base la reforma migratoria integral”, impulsada por la administración Obama, añade.
Lamenta el gobierno salvadoreño que estos anuncios se hagan en una época de “recogimiento familiar”.
Agrega que los consulados salvadoreños en Estados Unidos estarán en “emergencia” para dar asistencia legal y velar por el respeto de los derechos humanos de los compatriotas que tienen pendientes alguna resolución en suelo estadounidense.
Críticas
Mientras, organizaciones civiles criticaron el plan del gobierno para deportar a miles de migrantes, al considerar que es inhumano e inviable mientras no se atiendan las causas de fondo.
“Lo que no quiero es que estos niños se conviertan en el chivo expiatorio de alguna agenda política”, dijo Rick Dubose, líder religioso y superintendente de Asambleas de Dios, que apoyan en el cuidado de los menores migrantes que son detenidos y remitidos a centros antes de su deportación.
Mientras que testimonios recabados por The Wall Street Journal refuerzan la posición de que el plan es inviable.
“Hablan de redadas y el resultado es una gran cantidad de confusión y pánico”, dijo al rotativo Cirilo Villa, líder de una comunidad de inmigrantes en Mississippi.
“Este Gobierno nunca ha reconocido la verdad: que estas familias son refugiados que buscan asilo, que se les debe de dar protección humanitaria en lugar de ser detenidos. Cuando otros países están dando la bienvenida a muchos más refugiados, los EE.UU. deberían avergonzarse por usar cárceles e incluso por contemplar tácticas de deportación a gran escala”, dijo Gregory Chen, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
El pastor anglicano José Landaverde, durante una posada realizada frente a las oficinas de Inmigración en el centro de Chicago, Illinois, denunció que “estamos bajo un ataque constante del Gobierno y de los políticos”.
“Pedimos al presidente Obama que detenga inmediatamente las deportaciones, y a los políticos en general que dejen de engañarnos, porque a pesar de las promesas seguimos sin DACA o DAPA”, dijo el religioso, quien dirige la Misión Fe, Vida y Esperanza del barrio mexicano La Villita.
Los decretos de alivio migratorio fueron bloqueados en la corte por una coalición de 26 gobernadores, en su mayoría republicanos, y ahora su ejecución depende de un fallo del Tribunal Supremo.
Landaverde pidió además el “fin de la criminalización de los inmigrantes” y se refirió a la “amenaza constante de algunos políticos”, como el precandidato republicano Donald Trump, cuya retórica antiinmigrante estaría siendo imitada por los demás aspirantes presidenciales.
El Consejo Americano sobre Migración (AIC) deploró los planes del gobierno y sostuvo que los migrantes centroamericanos deben recibir una protección humanitaria más que un castigo del gobierno estadounidense.
“Debemos poner fin a tratar a estas familias como si fueran criminales. No es un crimen llegar a nuestras fronteras y pedir protección, y la evidencia abrumadora indica que estas familias tienen legítimos reclamos bajo la ley de EE.UU.”, dijo el AIC.