La elección exprés de funcionarios de segundo grado favoreciéndose de la aritmética legislativa es uno de los patrones que están siguiendo los gobiernos de Venezuela, con los chavistas, y de El Salvador, con el FMLN. Éste último eligió en 2012 a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprovechando que tenían la mayoría calificada (56 votos) necesaria.
En el caso de Venezuela, el reciente hecho es el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolanos, aprovechando que el chavismo tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, antes de que inicie la nueva legislatura donde esa mayoría estará en manos de la oposición venezolana.
El 5 de enero próximo, la coalición de partidos opositores Mesa de Unidad Democrática (MUD) asumirá el control de la Asamblea Nacional de 167 escaños, luego de haber obtenido la mayoría de dos tercios (112 curules) en las elecciones parlamentarias, lo que le permitiría, incluso, reformas a la Constitución de ese país.
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, como presidente del Congreso, impulsaron el nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia llamada a dirimir discrepancias entre Ejecutivo y Legislativo, antes de que la actual legislatura culmine su período.
Esto es similar a lo que ocurrió en el Órgano Legislativo de El Salvador, cuando al filo de la legislatura 2009-2012, los diputados renovaron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algo que diversos sectores jurídicos y civiles consideraron ilegal en vista de que esa legislatura ya había renovado con anterioridad las tres cuartas partes de la CSJ, por lo que la elección le correspondía a los nuevos miembros del Congreso.
Luego de varias reuniones a puerta cerrada, los legisladores de las bancadas del FMLN, GANA y PCN acordaron elegir a los magistrados el 24 de abril, es decir siete días antes de que finalizara dicha legislatura.
Eso similar a lo ocurrido en los últimos días en Venezuela, cuando el presidente de la Asamblea Nacional convocó a dos reuniones extraordinarias, para el 22 y el 23 de diciembre, para designar a una docena de magistrados del TSJ. Estos magistrados serían claves, pues las disputas entre los diputados serán dirimidas en el máximo tribunal.
Asimismo, instaló un “parlamento comunal”, una instancia que está prevista en una ley pero que no tiene validez en la Constitución venezolana, la cual busca restar peso a la mayoría calificada de 112 diputados obtenidos por la oposición.
El caso salvadoreño
A finales de 2011, el partido de Gobierno se trazó la meta de elegir antes del 1 de mayo (inicio de la nueva legislatura) a los cinco magistrados y al nuevo presidente la Corte Suprema de Justicia, así como al relevo de Romeo Barahona como Fiscal General.
El anuncio fue hecho por el entonces vocero del FMLN, Roberto Lorenzana. “El FMLN ha tomado la decisión de impulsar la iniciativa desde ya. Si estamos listos, si tenemos construida la propuesta y los votos suficientes para aprobar en esta legislatura, lo vamos a hacer antes del 1 de mayo”, manifestó.
La intención del FMLN, a la que se sumó la bancada de GANA, era elegir a los magistrados antes de que finalizara la legislatura 2009-2012, ya que en la próxima tendrían que negociar con ARENA, sin cuyos votos los funcionarios de segundo grado no podrían ser nombrados, ya que para ello se requiere mayoría calificada (56 votos).
Ya en febrero de 2012, la agrupación cívica Aliados por la Democracia solicitó a la Asamblea Legislativa 12 reformas constitucionales a organismos clave del Estado, entre ellos, que la Legislatura de ese entonces no pueda elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo periodo de nueve años en el Órgano Judicial vencía en mayo de ese año.
De acuerdo con la agrupación, los diputados que integraban la legislatura 2009-2012 no podían elegir a los magistrados de la CSJ, en vista de que la misma ya había elegido a cinco funcionarios de la CSJ, debido a que los magistrados del Órgano Judicial se son sustituidos por tercios a medida de que concluyen su periodo de nueve años.
Finalmente, los argumentos y las peticiones cayeron en saco roto y, el 24 de abril de 2012, la Asamblea Legislativa eligió, con los votos del FMLN, GANA y PCN, a cinco magistrados de la CSJ, entre ellos a Ovidio Bonilla, quien sería el presidente de la CSJ en sustitución de Belarmino Jaime, cuyo cargo había como titular del máximo tribunal de justicia había caducado.
Los demás electos fueron José Salomón Padilla, Doris Luz Rivas, José Roberto Argueta y Elsi Dueñas de Avilés.
Lluvia de demandas
Las organizaciones cívicas insistieron en que dicha elección era ilegal y que los diputados pasaron sobre la Constitución, lo cual provocó una lluvia de demandas legales.
Aliados y la agrupación Iniciativa Social para la Democracia (ISD) dijeron que no se quedarían de brazos cruzados y presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la elección de los funcionarios judiciales.
El 5 de mayo, la Sala de lo Constitucional aceptó dos de las demandas presentadas y comenzó el juicio contra la elección de los funcionarios.
Sin embargo, la aceptación de los recursos por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ no le cayó en gracia a las bancas del FMLN y GANA, quienes incluso amenazaron a los magistrados del máximo tribunal con iniciar un antejuicio en su contra si decidían declarar inconstitucionales las elecciones de los funcionarios de segundo grado.
Dicha situación generó un roce entre los órganos Legislativo y Judicial, aumentando la tensión sobre un posible fallo desfavorable para la decisión de la legislatura anterior.
El choque se agravó cuando la Asamblea entrante emitió un comunicado en el que pedía a la Sala de lo Constitucional respetar la independencia de la Asamblea Legislativa.
Incluso, el entonces Fiscal General de la República, Romeo Barahona, pidió a la Sala de lo Constitucional que la elección de los funcionario fuera declarara inconstitucional, algo por lo que la bancada del FMLN recriminó al entonces titular de la FGR.
Sala declara elección inconstitucional
Tal como lo habían previsto distintos sectores, e incluso la Asamblea Legislativa, el 5 de junio de ese año, la Sala declaró inconstitucional la elección de los cinco magistrados, alegando que los legisladores que los eligieron violaron el Artículo 186 de la Constitución de la República, y ordenaron a la nueva legislatura repetir dichos nombramientos.
No obstante, saltándose la sentencia de la Sala, los magistrados declarados inconstitucionales tomaron posesión el 15 de junio, acuerpados por los legisladores de las bancadas del FMLN, GANA y PCN. Ovidio Bonilla, quien sustituiría a Belarmino Jaime, aseguró que ese mismo día convocaría a Corte Plena.
Ya instalada la nueva Corte Suprema con los magistrados declarados inconstitucionales, el entonces presidente de la Asamblea, el farabundista Sigfrido Reyes, acudió junto con otros legisladores a la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, con el objetivo de demandar a la Sala de lo Constitucional por los fallos que emitió contra la elección de los funcionarios de la CSJ.